El Govern de les Illes Balears está decidido a establecer un impuesto turístico para hacer más "sostenible" la actividad turística. En las Islas ya tenemos experiencia de la implantación de un impuesto de similar composición, que tuvo un elevado rechazo de algunos grupos hoteleros, con una carga política partidista, más que por una motivación económica y empresarial.
Han pasado años y muchos países y ciudades han establecido sus "tasas" a los turistas que entran o a los que salen. Los casos de Berlín, París y otras ciudades de Francia, Lisboa, Roma, Milán, Venecia, Praga y países como México, Gran Bretaña, Estados Unidos, han establecido "su tasa" sin que se haya resentido ni el volumen ni el rendimiento económico de la actividad turística.
Un caso paradigmático es la "tasa" en Catalunya, con un turismo muy similar en tamaño y configuración a Balears y que nos ha revelado las claves del buen fin del impuesto: consenso y carácter finalista de la recaudación.
Ahora tenemos la posibilidad de establecer una participación de los visitantes en el mantenimiento de los costes que supone tener a su disposición infraestructuras, personal especializado, servicios, seguridad y, además, un paisaje envidiable.
Desde el Cercle Progressista de Debat (CPdeD) hemos presentado a la Conselleria, nuestras valoraciones y aportaciones al debate sobre el nuevo Impuesto de Turismo Sostenible. Éstas son algunos de nuestros planteamientos.
La primera consideración que hacemos es que, a pesar de la opinión generalizada entre el empresariado de rechazo sistemático a cualquier impuesto, algunos pensamos que éste es un buen momento para compartir parte de los costes externos de la actividad económica y de los recursos que precisa y usa el turismo.
Nos referimos al hecho de que, por ejemplo, nuestro aeropuerto esté preparado para recibir a cientos de miles de pasajeros en un día de julio o agosto (sin problemas dignos de mención), para que después quede sin uso durante meses pero, para que funcione perfectamente el siguiente año, el coste de su mantenimiento recae en la ciudadanía residente.
Nos parece poco razonable que una actividad como la turística, tenga instalaciones públicas y privadas inactivas una buena parte del año. Eso provoca costes empresariales, profesionales y laborales significativos que distorsionan el mercado.
Otro tanto podemos decir de los casi 700 millones de € anuales que invertimos en prestaciones por desempleo, que sirven para que hombres y mujeres trabajadores de todos los sectores, permanezcan disponibles a pesar de la inactividad y de la falta de trabajo durante meses.
Añadimos en el contexto de sobrecostes externos, los de la conservación de playas, montañas, paisaje, entorno rural y marino, etc. La lista sería larga pero es bien conocida por toda la ciudadanía.
En definitiva, planteamos como algo razonable, que debe existir una colaboración del visitante en los costes externos de sus cortas estancias en nuestras islas. El Impuesto del Turismo Sostenible puede ser una vía de participación en el mantenimiento de todos los valores y recursos de los que podrá disfrutar durante su visita y tenerlos en perfecto estado cuando regrese.
Desde el CPdeD hemos manifestado en nuestras aportaciones al debate, que consideramos necesario para que el impuesto aporte valor a la ayuda de la sostenibilidad de la actividad turística, el cumplimiento de algunos requisitos en el destino de los fondos que se recauden.
Primero, el más importante, que se atienda equilibradamente a los tres ejes de la sostenibilidad: la economía y empleo; la cohesión social y cultural; el medioambiente, el freno al Cambio Climático y la ayuda al uso racional de recursos y residuos.
Segundo, que los fondos recaudados tengan un carácter totalmente finalista y se centren en el objetivo de atacar decididamente la estacionalidad como problema central de la sociedad.
Tercero, que la implantación se realice bajo las premisas de la colaboración público-privada y con los principios de transparencia, participación y rendimiento de cuentas.
Somos conscientes de las dificultades para mantener la actividad durante los 12 meses del año al nivel del verano. Tampoco se pretende. Pero en lo que podemos coincidir todos es en la imposibilidad de generar bienestar con solo 5 o 6 meses de actividad.
El CPdeD planteamos que el Fondo del Impuesto sea una oportunidad para conseguir un compromiso empresarial y social de apertura de al menos 9 meses, según las zonas.
Algunas de nuestras alternativas:
Invertir 1/3 del Fondo en la promoción para el freno a la estacionalidad:
La captación de turismo de los tres Programas existentes: el OCI60, el del IMSERSO y el de Europe Senior Tourism que atienda a la población de Balears, a la de España y al 50 % de los 120 millones de europeos mayores de 60 años, que no han salido nunca de su país.
Invertir en el estudio, innovación, diseño y promoción de productos turísticos desestacionalizadores de nuevo corte, que promocionen el invierno y la temporada serena de las Islas
Otro 1/3 del Fondo proponemos que se invierta en un Plan de Empleo únicamente para temporada baja, vinculado fundamentalmente a la finalidad del mantenimiento más sostenible del territorio, de los espacios naturales y rurales, de acuerdo con un plan racional de intervención y conservación del paisaje.
Finalmente se ha propuesto, que el tercio restante se destine a intervenciones centradas en la conservación del medio ambiente en su amplio sentido y a la mitigación del Cambio Climático.
Pensamos que la mejor propuesta de la forma de gestión del Fondo, sería a través de un ente especializado público-privado con mayoría pública, ya sea a través de una Fundación, empresa pública o consorcio, con capacidad de iniciativa y gestión.
Este ente tendría un carácter puramente operativo y de gestión que debiera recabar no sólo la recaudación del Fondo, sino también otras fuentes financieras públicas (Plan de Inversión Juncker por ejemplo) o aportaciones privadas fruto de los compromisos de RSE de las empresas.
Desde una perspectiva cívica, consideramos que para el buen fin del Impuesto de Turismo Sostenible y para la mejor ejecución de estos programas e intervenciones, necesitamos que entre las instituciones y actores de este proyecto, haya mucha dosis de diálogo con los agentes empresariales y sociales, mucha voluntad de consenso y toda la habilidad disponible para implementar el mejor acuerdo, que sea duradero, eficaz y socialmente justo.
* El Cercle Progressista de Debat lo promueven:
Lorenzo Bravo, Javier Bustamante, Pedro Calvo, José Miguel Campos, Juan Carlos Delgado, Antoni García, Sebastián Lora, Miguel Ángel Mayorga, Fernando Monar, Margarita Nájera, José Ruiz, Maria José Suasi
