No lo han logrado con el juez Castro pero si con otro magistrado conocido por la claridad de sus resoluciones y la trascendencia de los casos que ha tenido entre manos. A Podemos le atraen las togas. Juan Pedro Yllanes Suárez, el magistrado que debía presidir el tribunal del caso Nóos y por tanto participar de manera determinante en el juicio contra la infanta Cristina y los otros 17 imputados, será el cabeza de lista de esta formación en representación de Balears. El candidato, ya en excedencia de la judicatura, fue presentado ayer precisamente con el Tribunal Superior como telón de fondo. Se trataba de hacer valer los antecedentes profesionales y morales del aspirante a diputado.
La intención de Podemos está clara. Persigue a hombres y mujeres que se han significado de manera clara por su lucha contra la corrupción para identificar con ello la regeneración política y marcar distancias con el resto de partidos. La imagen en busca del impacto sobre el elector importa mucho en este sentido y, en el caso de la judicatura, la maniobra, indiscutible desde el punto de vista de la legitimidad, tienen evidentes riesgos, pros y contras. Un juez marcado por su trayectoria profesional deja la toga en el perchero y se va a la política. Si vuelve a los estrados, lo hará también cargando sobre sus espaldas el recorrido político realizado. Cada uno está atado y condicionado por sus antecedentes, sean del signo que sean. Es una operación a prueba de sociedades maduras y democracia plena en el filo de una separación de poderes que debe quedar inmaculada.
"Un buen juez ha de tener convicciones políticas y sociales", declaró ya hace tres años Juan Pedro Yllanes a este periódico. Evidente, porque antes que juez debe ser persona íntegra con criterio y formación, pero cabe interpelarse sobre si el ejercicio profesional de la magistratura comporta renuncias y sacrificios irreversibles en pro de la equidistancia y la neutralidad absoluta. Yllanes no es el candidato de Podemos salido de la nada para aportar ideología y propuesta fresca de nueva planta al Congreso. Es el funcionario con seguro de vuelta al cargo que intenta cautivar al elector por ser el ponente de la primera sentencia del caso Andratx, haber mandado a la cárcel a Rodrigo de Santos por abusos a menores y condenado al imán de Fuengirola por apología de la violencia por razón de sexo. Eso si, se presenta al amparo de Podemos.
Pero tampoco constituye una excepción. Su decisión puede equiparse a la del ahora expulsado juez Garzón que ha constituido una nueva formación política y del también suspendido Santiago Vidal en Cataluña, sin que ello quiera decir, ni mucho menos, que el trasvase de la judicatura a la política acabe siempre en sanción. Pero se ha vuelto una práctica muy recurrente que habla del prestigio de los jueces y del descrédito de los políticos.
