Para gobernar no bastan la buena voluntad y la ilusión de la entrega abnegada. La asociación de ambos factores debería ser garantía de sobra para hacerlo, pero no es así. Sobre todo en Manacor, donde las coordenadas de comportamiento y decisión política se mueven en una dimensión no siempre translúcida y muy particular, en la que el interés general topa con serias dificultades para salir a flote.
Si hay una moción de censura incongruente y contradictoria es la que ayer se consumó en Manacor. Dispone de todo el aval democrático, no se le puede discutir un ápice de legitimidad, pero probablemente sí todo lo demás. Ni siquiera encaja en el espacio y el tiempo. PP y PI alcanzan la alcaldía compartida de Manacor con la complicidad de la siempre oportunista AIPC, la marca política de Portocristo que no entiende existencia posible alejada de la capacidad de maniobra y decisión.
Es la reconciliación del poder. Todo sería más comprensible si El Pi en Manacor no fuera desgarro abrupto del PP y si este partido no hubiera obtenido en las pasadas elecciones, con ventaja, los peores resultados conocidos hasta ahora en un feudo que, por tradición y fidelidad, le es propio. También fue la ruptura del poder. Cuatro meses de gestión de la coalición Més-Esquerra, PSOE y Volem se quedan en mero prólogo bienintencionado y quizás algo inocente, de lo que acabará siendo el verdadero gobierno de una etapa en la que hay demasiadas cosas sustanciales en juego. El ya exalcalde Miquel Oliver dice haber perdido la vara pero no la dignidad. Nadie se lo apuesto en duda. Pero en la ruda política de Manacor la dignidad tampoco basta aunque, en este caso concreto, pueda servir como aval para proyección exterior del damnificado.
Nada es inocente ni nuevo en el consistorio manacorí. PP, Pi y AIPC han amparado su moción de censura en las carencias de las que ellos mismos han adolecido cuando han ejercitado el gobierno. Desprecio de la oposición, falta de proyectos de presente y futuro y exceso de simbolismos, dicen. No conviene repasar los antecedentes de los nuevos gestores en estos apartados. Por supuesto, también está el siempre pendiente Plan General que todo lo condiciona y determina.
Pedro Rosselló y Catalina Riera se sucederán en la alcaldía. Lo hacen a partir de numerosas sospechas creadas, presumibles y no demostradas. Rosselló dijo ayer que asumir el cargo era un acto de responsabilidad. El y su sucesora lo tienen todo por demostrar y disipar. Sólo la buena gestión y la eficacia les otorgará la confianza necesaria para desempeñar la responsabilidad a la que apelan. Capítulo aparte es el del PI como partido que no parece haber calculado con solvencia el coste, a nivel insular, de haberse involucrado en una operación de alto mercantilismo, digamos, político.
