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Ramón Aguiló

Escrito sin red

Ramón Aguiló

Mafia policial

La pasada semana fueron imputados en diferentes causas penales veinticinco agentes y mandos de la Policía Local de Palma. Esta misma semana, el juez de Instrucción Manuel Penalva ordenó la detención de nueve policías más y el ingreso en prisión sin fianza de cinco de ellos supuestamente implicados en una banda criminal que "han utilizado sistemáticamente el chantaje, la coacción, la intimidación y el uso torticero y arbitrario del poder en beneficio propio". Cobraban del orden de 500 euros semanales en sobres a locales de ocio a los que "protegían" y "extorsionaban". Además, se servían de su poder coactivo para consumir gratis alcohol, drogas y servicios sexuales en los locales de alterne en los que teóricamente vigilaban el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Paralelamente se está investigando la manipulación de ascensos y oposiciones, de la que son acusados un ex concejal, el ex director de seguridad y el ex intendente del cuerpo. Ya han sido imputados cuatro comisarios que ocuparon la jefatura del cuerpo. El juez instructor ha reprochado a la cúpula policial y a los responsables del ayuntamiento su inacción ante las denuncias internas; afirma que protegieron a los integrantes de las tramas y castigaron a los agentes que aportaron datos y nombres que desvelaban los escándalos internos. El ex jefe de la patrulla verde, Gabriel Torres, habría sido identificado como supuesto capo de una de las bandas organizadas.

El escrito del juez supone una impugnación absoluta a la gestión política del área de seguridad del ayuntamiento de Palma. Hasta ahora teníamos conocimiento de una trama corrupta en el seno de la Policía Local que tenía que ver con el amaño de las oposiciones y de las pruebas de acceso a puestos de responsabilidad de la que supuestamente formaban parte mandos de la misma, incluyendo al propio jefe que había nombrado Isern, Vera. Al parecer se perseguía el objetivo de conformar un equipo de dirección cercano al PP. También teníamos conocimiento de la relación de alguno de ellos con la banda criminal de los llamados Ángeles del infierno. Todo ello era ya suficiente como para que se disparasen todas las alarmas. Y, efectivamente, el alcalde Isern aseguró que se iba a llegar hasta el final para determinar y depurar todas las responsabilidades. Se cesó a Vera y a un responsable político afiliado al PP y desde entonces se abrió un período que puede ser calificado como de inestabilidad e incertidumbre. Efectivamente, la impresión, es que la alarma había cuajado en la opinión pública pero no en la dirección política que, en el mejor de los casos, no supo detectar la naturaleza y la profundidad de los males que envenenaban la labor policial y la desacreditaban a ojos de los ciudadanos. Isern no cesó al principal responsable político, Guillermo Navarro, hoy imputado, con lo que quedó frenado el saneamiento del cuerpo de sus miembros patógenos y comprometida su imagen ante la opinión ciudadana. El escrito del juez es de una contundencia poco usual en el reproche de actores políticos. Si impresentable es la connivencia política con corruptos, intolerable es la inacción ante las denuncias y el castigo a denunciantes, ambas perseguibles legalmente. Contumaz delincuencia. Y el ex alcalde, cuya gestión y capacidad de diálogo le han hecho acreedor de una inmejorable imagen pública reforzada por su enfrentamiento con el derrotado general Bauzá y el poder clientelar de la partitocracia palmesana dirigida por el inefable e invencible José María Rodríguez (tiene bemoles que, con todo lo que le ha caído encima al PP y con lo que se juega en las próximas elecciones, todavía tenga como su mascarón de proa en Palma a este sujeto; no han entendido nada), arrastrará siempre el pasivo de su incapacidad para restaurar el buen nombre de la Policía Local.

De todas formas, a ojos de un observador externo, no se puede decir que aunque hayan cristalizado en los últimos años los males de la policía, no podían detectarse en anteriores épocas signos de que la gestión policial estaba constreñida por una visión estrictamente corporativa y rutinaria, frecuentemente subordinada a intereses de índole partidaria. Una inercia desmotivadora. Después del ímpetu de una renovación interna y de la implantación de novedosas iniciativas para la formación de los nuevos policías en los años ochenta, se entró en una nueva época que coincidió, precisamente, con la asunción de competencias de Policía Local de la conselleria de interior del gobierno autónomo, ocupada por el insoslayable Rodríguez. Un largo período de atonía en el que la policía municipal era dirigida por un concejal, alejada de la mirada e intervención personal de los sucesivos alcaldes y alcaldesas, y donde su acción no aparecía integrada como parte fundamental del conjunto de la acción de gobierno. Los policías municipales no solamente deben ser los ojos y los oídos del alcalde, también son instrumento esencial para desarrollar la acción de gobierno a través del contacto con los vecinos, entidades de todo orden, negocios, etc. Y, por supuesto, el cumplimiento de las ordenanzas municipales, la seguridad y el control del tráfico. Basta pasearse por el parque de las estaciones o las murallas restauradas y contemplar el abandono de instalaciones y patrimonio al vandalismo de los grafiteros para convencerse de la desidia y de la despreocupación por la conservación de la ciudad (pocos votos). Como si la vigilancia por personal o cámaras no fuera posible.

De la escasa predisposición de algunos policías para con los ciudadanos da cuenta en muchas ocasiones la chulería con la que muchos conductores han sido tratados y que confieren al cuerpo una imagen injusta con el resto de policías consecuentes con su papel de servidores públicos. En todo caso una imagen alejada de la policía de proximidad exigible; y más cercana a una identificable con la desconfianza, el temor y la arbitrariedad que posibilita el vestir un uniforme y actuar en nombre de la autoridad. Nada hay que dar por concluido cuando de un colectivo numeroso (unas 900 personas) con el poder de aplicar o no unas normas se trata; y sus implicaciones para la economía y la vida ciudadanas. Algunos piensan que el mal en los hombres y las organizaciones es un condensado cultural acotado en el tiempo. Que parte muy limitada, pero significativa, de nuestra policía demuestre los mismos comportamientos criminales y mafiosos que hemos podido contemplar en las películas de Scorsese, Lumet o Coppola, en ciudades como Nueva York, Chicago o San Francisco, evidencia lo contrario, que, como afirmaba hace unos días en España John Gray, el estudioso de Isaiah Berlin, los demonios vienen de nuestro interior. Está por ver si el alcalde Hila actuará en consecuencia.

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