El Partido Popular ha conseguido revertir el signo de la economía española, que ha salido de la fase recesiva del ciclo, con destrucción de empleo, a una fase fuertemente expansiva, con relevante generación de puestos de trabajo, gracias a un conjunto de reforma estructurales y al potente cambio de la coyuntura exterior, hoy caracterizada por las políticas monetarias de expansión cuantitativa del BCE y de la Reserva Federal, por los bajos precios de la energía y por la depreciación del euro frente al dólar.
Sin embargo, la política gubernamental ha generado una gran desigualdad -de hecho, para conseguir incrementos de competitividad ha tenido lugar una devaluación interna, que ha afectado sobre todo a los salarios- y no ha avanzado hacia el necesario cambio del modelo de crecimiento, que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, debió haberse orientado hacia la generación de actividades de mayor valor añadido (más formación y más inversión en I+D). El gran activo de la política popular ha sido sin embargo la fuerte creación de empleo.
El PSOE ha salido al paso de esta situación con un programa dirigido por Jordi Sevilla que busca tres objetivos básicos: "crear empleo, impulsar un cambio en el modelo productivo y reconstruir las grietas del estado de bienestar abiertas en la última legislatura". En el plano de la teoría, esta declaración de intenciones, definida como "economía 4.0" y cuyo lema es "crecer y repartir", es impecable, aunque por razones obvias resulte difícil de materializar.
El cambio de modelo productivo planteado por los socialistas consiste en "mejorar la productividad e impulsar los sectores industriales y de alto valor añadido, que es muy diferente a competir a base de precarización laboral y bajos salarios". La actuación que más enfatizan los autores del programa es la ganancia de tamaño de las Pymes, que no crecen porque hay trabas que se lo impiden: de índole tributaria, de auditoría o legales, incluso sindicales (a partir de cierto tamaño, deben crear comités de empresa). También hay que reforzar el papel de la industria, que ofrece alta productividad y empleo estable, siempre partiendo del criterio de que, más que competir en precio, hay que hacerlo en calidad, lo que requerirá duplicar la inversión en I+D.
Como era de suponer, el eje de la propuesta socialista es una reforma fiscal, que pretende recaudar 25.000 millones más al año (el 2,5% del PIB) sin incrementar la presión fiscal de los asalariados y las clases medias. 10.000 millones procede-rían de nuevas medidas de lucha contra el fraude -se contratarán 5.000 nuevos funcionarios de Hacienda para inspección- y 15.000 millones provendrán de una moderada subida fiscal a las grandes empresas, de nuevos impuestos medioambientales para llevar a cabo "una transición energética" hacia modelos menos contaminantes y de una elevación de impuesto del patrimonio sobre las herencias. En general, se pretende aliviar la presión fiscal sobre el factor trabajo, y se recuperará con posibilismo el gasto público para "reparar los daños de los recortes y luchar contra la desigualdad".
El PSOE es un partido con larga e intensa experiencia de gobierno que no va a ceder a la tentación de la demagogia ni mucho menos a la del radicalismo. Sus dirigentes, aunque jóvenes, saben que este país se gobierna desde el centro y que los cambios deben producirse mediante suaves golpes de timón y no a través de dramáticas convulsiones. De momento, la socialista es la gran alternativa del programa popular que se desprende -antes de cualquier declaración- de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, recién aprobados, y que demuestran con claridad cuál es el rumbo que pretende emprender.
