La última reforma laboral, impuesta por el Partido Popular, lamina de hecho la negociación colectiva al dar preferencia a los convenios de empresa sobre los convenios colectivos. Con lo que queda desmantelado en la práctica uno de los derechos fundamentales de las democracias modernas, y que constituye una conquista social nada teórica que habría que mantener: el que otorga a los trabajadores asalariados el derecho a negociar colectivamente con las organizaciones empresariales sus condiciones de trabajo.
El PSOE, que se ha vuelto atrás en su inicial intención de derogar la reforma laboral del PP -es un signo de madurez democrática aceptar la evolución legislativa impuesta por el propio sistema parlamentario-, sí propone en cambio una revisión en este aspecto: si llega a gobernar, propondrá que los convenios colectivos sean negociados por los sindicatos legalmente representativos en lugar de por los comités de empresa, como ocurre en muchos países europeos (Alemania es, a estos efectos, el paradigma). Predominaría así la visión de la UGT sobre la de Comisiones Obreras, ésta más cercana al modelo italiano.
Si se da este paso, los grandes sindicatos deberían someterse también a un serio proceso de modernización, asumiendo plenamente el papel de sindicatos de servicios y buscando la mayor representatividad posible entre la clase trabajadora. A fin de cuentas, estas instituciones intermedias desempeñan un papel insustituible en la organización de las relaciones laborales.
