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Antonio Papell

Programas y necesidades

Han comenzado a circular los programas electorales con que las fuerzas políticas afrontarán las elecciones del 20 de diciembre. En el pasado, no existía un control social de las promesas preelectorales y la historia democrática está llena de incumplimientos flagrantes. Sin embargo, los tiempos han cambiado, la ciudadanía se ha vuelto mucho más exigente y las rendiciones de cuentas, en un marco mucho más competitivo porque hay más actores que antes, serán mucho más probables. De ahí que los programas estén destinados a tener más peso e influyan probablemente más que antes en los resultados electorales.

Un programa político para las generales de una formación que aspire a gobernar debe ser completo y abarcar todos los aspectos relevantes de la gobernación del Estado. Pero en la hora actual, recién salidos de una gravísima crisis socioeconómica (que aún muestra profundas secuelas, que tardarán años en desaparecer) e inmersos en una gravísima crisis política en Cataluña, dos son los asuntos preferentes sobre los que las fuerzas políticas deberán centrar sus propuestas.

En el campo socioeconómico, el desempleo crónico que padecemos, y que en el mejor de los casos tardará años en reducirse a porcentajes manejables, la cronificación del desempleo de larga duracioón y la mala calidad del empleo creado pone de manifiesto la necesidad de cambiar de modelo de desarrollo, de luchar por la competitividad. Ello requiere un esfuerzo intenso en formación y una inversión mucho más elevada en I+D. La mejora de la formación a todos los niveles -desde la obligatoria a la indispensable para la integración de parados- requiere recursos pero también cambios conceptuales y procesales: urge un gran consenso educativo -es más: deberían comprometerse los partidos a no hacer reformas si no es tras un acuerdo amplio- y una investigación a fondo de los métodos docentes, que en España ofrecen resultados muy pobres. En lo tocante a la inversión en I+D, llegó a ser en 2011 del 1,4% del PIB, pero ha vuelto a caer al 1,2%, lejos del 2% de media en la UE, por lo que es urgente recuperar el terreno perdido, tanto mediante el recurso a presupuestos públicos cuanto estimulando por vías fiscales la inversión privada.

En el terreno político, la primera tarea que debe acometer el gobierno que se forme tras el 20D es abrir de par en par los canales de comunicación con Cataluña, con vistas a emprender las reformas institucionales pactadas que sean necesarias para recuperar el equilibrio, la convivencia y la estabilidad política. Parece a todas luces necesaria una reforma constitucional capaz de acoger a las nacionalidades históricas mediante una fórmula simétrica en lo referente a la equidad y asimétrica en lo tocante a las peculiaridades de cada una de ellas. No es posible, en definitiva, mantener la impasibilidad ante un estado de cosas que, en buena medida, es consecuencia de errores estatales, hábilmente explotados por los radicales de uno u otro signo.

Junto a estas dos cuestiones fundamentales, que son las que han de singularizar los programas, conviene dedicar un tiempo y un espacio a un tercer asunto también relevante: la reforma de la ley de partidos para democratizar el modelo, perfeccionar la representación política, incrementar la confianza de los ciudadanos en la case política y eliminar por completo la corrupción. Dicha norma, que ha de regular la democracia interna, imponer la permeabilidad de las organizaciones, regular la financiación de los aparatos, etc. ha de considerarse materia constituyente, como la ley electoral, por lo que también ha de contar con un gran consenso.

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