El pasado miércoles, todo estaba preparado para que el Partido Popular tuviera una jornada gloriosa, al celebrarse en Madrid el congerso del Partido Popular Europeo, cuya rutina debía esta vez exacerbarse para prestar apoyo a un Rajoy en apuros que se presenta a elecciones el 20 de noviembre. Catorce jefes de gobierno en activo y otros en la reserva -Merkel, Sarkozy, Berlusconi- y las máximas autoridades comunitarias -Juncker, Tusk,- estaban convocados al cónclave, que no ha servido por cierto para nada más: las resoluciones han sido tan irrelevantes que ni siquiera se han publicado en los medios. Para tratar de contrarrestar el alarde, Pedro Sánchez, líder de la oposición, viajaba a París, a entrevistarse con Hollande y con Valls, para obtener al menos un recuadro en las portadas periodísticas.
Y sin embargo, las previsiones se frustraron por una imprevista coincidencia: los medios han pasado de puntillas sobre estos inanes acontecimientos para centrarse en la gran conmoción sembrada por un juez y dos fiscales que decidieron registrar las sedes de CDC y de diversas empresas, detener a los principales presuntos implicados en la trama de corrupción y devolver a las portadas el gran escándalo. Un escándalo que será seguramente la tumba política de Mas, que impide su investidura y que devuelve a los ciudadanos catalanes la estabilidad emocional después de la intoxicación identitaria: quienes intentaban seducirles con himnos patrióticos, eran unos vulgares saqueadores.
