Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y comentarista político en numerosos medios, ha irrumpido en el debate político de esta hora con un libro inquietante, La reforma electoral imposible, que defiende la tesis de que nuestra Constitución actual quedó definitivamente invalidada por el error cometido al desarrollar la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña: a su juicio, el Tribunal Constitucional (TC) enmendó ilegítimamente el pacto entre el Estado y los catalanes suscrito mediante el referéndum que consolidaba aquella reforma, lo que supuso un golpe de Estado que ha causado daños irreparables, hasta el punto de que la estructura del Estado tiene que ser nuevamente definida mediante un nuevo pacto constituyente. En una entrevista concedida a la prensa catalana, Pérez Royo ha explicado que "la carta magna de 1978 estableció la integración de las nacionalidades en el Estado como un acto complejo que negociaban los parlamentos del Estado y el de la nacionalidad correspondiente. Y establecía sistemas de garantía: el Estado debía aprobar en la Cortes el texto autonómico, y la autonomía consultaba a su pueblo en referéndum si aceptaba o no las posibles modificaciones establecidas por el Estado. Eso se rompe en 2010" ya que entonces "el TC desautorizó el pacto entre el Congreso y Cataluña y eliminó el derecho del pueblo a decidir".
La descripción de lo sucedido es impecable, ya que no hay duda de que el pistoletazo de salida del soberanismo hacia la independencia, arrastrando en la aventura a mucha gente moderada que no estaba originariamente por la secesión, ha de buscarse precisamente en aquella descabellada sentencia, que perturbaba la lógica interna de nuestra Constitución al ser ulterior a un referéndum, en lo que sólo podía interpretarse como un error de procedimiento que debía haber sido corregido antes de avanzar en el proceso (la intervención del TC debió haber sido en todo caso anterior a la aprobación del texto estatutario por el Parlamento español y por los ciudadanos de Cataluña).
Sin embargo, la solución de aquel dislate no puede ser la voladura del gran pacto de convivencia de 1978, que tuvo más entidad que la que le concede Pérez Royo cuando reduce la Constitución a una ocurrencia de Adolfo Suárez que sólo tenía una única finalidad: "Restablecer la monarquía, todo lo demás estaba subordinado a este objetivo". La carta magna debe reformarse para corregir aquella afrenta a Cataluña en esto tiene buenas intenciones el presidente valenciano cuando pide recuperar el espíritu del estatuto catalán mutilado por el TC pero no tiene sentido hacerla saltar por los aires y extender una peligrosa e innecesaria incertidumbre sobre el presente y le futuro de España.
El cierre del conflicto catalán pasa, sin duda, por un plebiscito, pero no por un referéndum de autodeterminación, que es imposible porque Cataluña es un asunto de todos, y no sólo de los catalanes, sino por un referéndum constitucional o, en su caso, por un referéndum que consolide un nuevo Estatuto, tras haber reformado el disparate procesal que dejaría de nuevo la última palabra en boca del Tribunal Constitucional. Esta fórmula restauraría el "derecho a decidir" de los catalanes, efectivamente cercenado por la supremacía otorgada al TC; les haría de nuevo dueños de su propio destino y facilitaría el encaje de Cataluña en una estructura federalizante las palabras no son importantes renovada, fruto de una reforma constitucional limitada, que afecte a las partes disfuncionales de la Constitución y mantenga intacto todo lo demás. Ningún pueblo maduro que disfrute de un régimen democrático emprendería la aventura de reescribir desde cero su Constitución. Tampoco nosotros debemos ensayar semejante aventura, cargada de riesgos innecesarios.
