No era un hombre con cargo irrelevante en un partido intrascendente. Nada de anécdotas ni infravaloraciones, pues. La confesión refrendada ayer por Fernando Areal tienen gravedad y dimensión específica, no tanto por la cantidad defraudada, que también, sino por el hecho de que el partido que mayor responsabilidad de gestión pública ha tenido en este archipiélago, rompiera con reglas esenciales en un comportamiento que le llevó a incurrir en un fraude de ley ahora reconocido. Todo le valía para alcanzar el poder. No podemos circunscribir la corrupción practicada al mero desfalco económico. Es un fraude electoral que, para ser entendido mejor, debe catalogarse como ruptura de los principios esenciales de la democracia.
El mismo día en que se tiene conocimiento, a través de la cadena Ser, de que el PP de Esperanza Aguirre en Madrid contrató durante la campaña electoral de 2007, por lo menos en dos ocasiones, a una empresa sospechosa de la trama Púnica, en un juzgado de Palma se sella la confirmación de que, en la misma campaña, se pagaron 71.958 euros en negro, después de haber superado el límite de gasto electoral.
Miguel Romero, el copropietario de Nimbus, la empresa de publicidad que llevaba la campaña del PP, había apuntado en esta dirección, pero los responsables del partido siempre lo habían negado hasta que ayer el exgerente y cuñado de Jaume Matas, Fernando Areal, lo admitió de lleno después de haber alcanzado un acuerdo con el fiscal. Lo hizo a las puertas del juicio que debía iniciarse en la misma jornada por una presunta contabilidad opaca de los conservadores que ahora adquiere condición de realidad admitida. Falta explicar sin embargo de dónde salía el dinero negro. Por eso la petición de perdón realizada inmediatamente después de la confesión de Areal por el secretario general del PP, Andreu Ferrer, se antoja insuficiente y devaluada. La gravedad de los hechos reconocidos exige comparecencias de rango superior y aportación de detalles concretos sobre el origen y recorrido de las conducciones de evacuación de la caja B del PP. Mientras no se haga así, la demanda de crédito de confianza a militantes y simpatizantes realizada ayer por Ferrer tendrá escasas posibilidades de obtener los frutos apetecidos.
Todo se llevaba en familia. En todos los sentidos. Los vínculos y dependencias entre Matas y Areal se trasladaban a los manejos del PP. El exgerente ha sido condenado a 18 meses de prisión por delito electoral que de momento quedan en suspenso, a la espera de otras causas que tiene pendientes. Deberá afrontar por ahora una multa de 15.000 euros, la inhabilitación para cargo público y la privación del derecho de sufragio. De hombre poderoso a la anulación de los derechos elementales del ciudadano. Esta es su evolución y la consecuencia del abuso. El fiscal explica que el pacto alcanzado se limita a esta causa. Més reclama la devolución del dinero y el PSIB sentencia que la sombra de la corrupción perseguirá al PP mientras no se rompa con el pasado. El problema es saber si existe la sincera convicción de hacerlo.
