En una tierra normal y sana, los cargos públicos de génesis política, al dejar su responsabilidad, acostumbran a ganarse un puesto en la memoria colectiva de la sociedad que han guiado. Lo hacen con el aval del trabajo realizado y los logros obtenidos. Se ve, sin embargo, que Balears, para desgracia colectiva, es archipiélago invertido con respecto a la normalidad porque la mayoría de sus dirigentes, o bien acaban en la cárcel o son vapuleados por los tribunales sobrepasando incluso el límite establecido para el ejercicio del cargo ocupado. Algo grave está pasando cuando las condenas superan con creces los reconocimientos de méritos y las muestras de gratitud. Deberemos comenzar a preguntarnos porqué la retirada de placas con los nombres de exhonorables no es excepción o acto puntual.
Ocurre cuando el político de turno llega a creer que su sola palabra es ley y actúa en consecuencia. Después, las secuelas del despropósito se prolongan en el tiempo. Es lo que le acaba de pasar al hoy senador José Ramón Bauzá. El anterior president de Balears se caracterizó, entre otras muchas decisiones para la polémica y el conflicto, por los recortes que aplicó a las nóminas de los funcionarios. Eso, cuando no los despidió directamente. Blindó sin embargo una excepción en tan drástica medida. Era la de su propio gabinete. Seis personas afortunadas que, según voluntad del último president del PP, tenían derecho a mejor sueldo porque trabajaban más.
Fue una decisión que encrespó a más de uno y, entre ellos, al sindicato UGT que de inmediato planteó demanda por tan discriminatoria decisión. Desde 2011 hasta ahora todos los fallos judiciales han sido en contra de un Bauzá que, pese a ello, nunca se apeó de su decisión. Por si acaso pudiera quedar algún resquicio de duda, ahora el Tribunal Supremo, agotado el último recurso posible, le dice al expresident que no se pueden hacer discriminaciones entre funcionarios, imponer sacrificios a unos y premiar a otros. No entra en el fondo de la cuestión porque entiende que eso es competencia de la Justicia balear pero confirma que todo fue "despropósito" y "arbitrariedad". Por tanto, el dinero cobrado de forma improcedente debe regresar a las arcas públicas. De este modo, un jefe de gabinete, tres asesores y dos secretarias deberán reingresar un total e 19.600 euros. Alguno de ellos llegó a percibir un plus del 21%. La magistrada Carmen Frigola ya sentenció en su día en el Tribunal Superior que lo hecho no casaba "ni con la ley ni con el mínimo decoro".
Aparte de ello, a Bauzá ni siquiera supieron defenderle. La Abogacía de la Comunidad no alcanzó a razonar que, algunos de los afectados en realidad cobraban menos de lo que les hubiera correspondido. No era tan complicado demostrarlo. Bastaba acreditar que su contrato era de rango inferior al del trabajo desempeñado. Pero lo que cuenta es el documento oficial y sobre sus nóminas aparecía ese especie de complemento específico por ser miembro del gabinete personal, preferente y exclusivo de Bauza. Eso es lo que no ha admitido ningún tribunal y que el sentido común tampoco avala.
