Estas elecciones catalanas, en las que no ha habido debate ideológico alguno y la discusión se ha limitado a ser una pugna entre posiciones independentistas y unionistas (por simplificar el lenguaje), se ha podido advertir sin embargo una decantación de los partidos políticos y del electorado en torno a dos corrientes de opinión relativas al futuro de este país. Un determinado sector piensa que el problema de Cataluña es en realidad el problema de España, ya que este grave contencioso que amenaza con romper la principal materia prima de nuestro devenir colectivo, el territorio, es en realidad el síntoma principal de una ruptura de los consensos fundacionales del sistema. En otras palabras, estamos asistiendo a la decadencia del modelo de la Transición, y este declive sólo se detendrá y dará paso a una resurrección si nos implicamos en una reforma a fondo del modelo en su conjunto, salvando lo salvable del pacto fundacional, que es mucho, y renovando lo obsoleto.
El otro sector no comparte esta visión global e integral y cree que el sistema, cuyos deterioros son subsanables sin necesidad de grandes arreglos, funciona razonablemente, salvo evidentemente la cuestión catalana, que es una disfunción espontánea que habrá que reparar utilizando los mecanismos que el propio régimen del 78 nos proporcionó.
Obviamente, este segundo sector estaría representado por el Partido Popular, ese gigante conservador que asoma los pies de barro bajo las faldas de la mesa camilla y que, como ha recordado cruelmente Aznar, ha sufrido cinco grandes derrotas consecutivas, lo que parece indicar que no está captando con gran sutileza la coyuntura. Y, por supuesto, el primer sector sería el de las restantes fuerzas políticas reformistas, que son casi todas (tan sólo habría que excluir las formaciones que, como la CUP o el primer Podemos, pretenden una ruptura revolucionaria con el pasado, y el archivo de cualquier rastro de la Transición y del régimen del 78).
Este es el dilema en que estamos embarcados cuando nos aproximamos a las elecciones generales, en las que la cuestión catalana seguirá sobrevolando la política española. El Partido Popular ya ha manifestado que no llevará una reforma constitucional en el programa electoral, y, por el contrario, el PSOE centrará previsiblemente su programa en esa reforma federal, de la que deberá dar sólo unos rasgos genéricos porque, en realidad, la mudanza debe ser fruto del consenso. Ciudadanos, por su parte, ha encargado a finales de junio a Francesc de Carreras la creación de una comisión de expertos para la reforma constitucional, por lo que todo indica que también se llegará por esta vía centrista a una formulación federal (las palabras, en estas cuestiones, desunen, por lo que no hay que abusar del término federalismo). El nuevo Podemos no habla de estos asuntos (hasta hace poco pretendía abrir un proceso constituyente) pero no es verosímil que apueste por la inmovilidad.
Así las cosas, el PP parece estar quedando descolgado de una mayoritaria movilización hacia un cambio prudente de régimen, una evolución controlada del modelo actual. Y si se piensa que el PP ya no puede ni siquiera aspirar razonablemente a la mayoría absoluta, habría que creer que Rajoy se está equivocando al encastillarse en el proverbial quietismo de su mandato. Es lógico, incluso saludable, que la gran fuerza conservadora imponga en la medida de sus fuerzas la prudencia al cambio, pero la situación actual el grave cisma catalán y una economía "normalizada" que mantiene un desempleo de más del 23% obliga a cierta audacia, a optar por salir de este impasse reconstruyendo la convivencia con la colaboración de todos.
