El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña interrogará a Mas para indagar si ha cometido un delito de desobediencia al haber sacado las urnas a la calle el 9N, después de que se lo prohibiera el Tribunal Constitucional. Sin embargo, para que haya delito de desobediencia, debe mediar "un requerimiento previo, directo e individualizado" a cumplir la resolución incumplida, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentada en un auto de 2014. Y en aquella ocasión que ahora se dirime, el Constitucional no requirió a Mas, a pesar de que el gobierno de Rajoy se lo solicitaba. En consecuencia, si la doctrina no ha variado, Mas podría quedar en este asunto exonerado de toda culpa.
Si así fuera, el conflicto regresaría a sus cauces políticos (de los que nunca debió salir) y se descargaría de uno de sus elementos más chirriantes, que generan particular tensión. Pero para dilucidarlo, nuestra justicia requiere más tiempo del que resulta razonable: va a cumplirse un año de los hechos que suscitan toda esta controversia, y ni siquiera se ha tomado declaración todavía a los presuntos implicados. Quiere decirse que la Justicia, que debería ser lenitiva, sobrecarga los problemas con su morosidad. Y éste es sin duda uno de los déficit de nuestra democracia que deberíamos resolver sin tardanza.
