Sin perjuicio de análisis más despaciosos y depurados de los distintos aspectos de las complejas elecciones del domingo en Cataluña, parece ilustrativo enunciar sintéticamente las principales conclusiones que derivan de la decisión popular, que ha registrado la mayor participación de la historia en esta clase de elecciones.
-En primer lugar, las dos listas defensoras de la secesión acumulan 72 escaños del parlamento catalán (la mayoría absoluta está en 68), por lo que podrían formar gobierno si no fueran ideológicamente incompatibles, como se ha ocupado de remachar el nuevo líder de la CUP, Antonio Baños (Junts pel Sí propone un Estado independiente liberal y burgués e imbricado en la UE, en tanto la CUP, anticapitalista, es partidaria de un estado fuera de la UE).
-En segundo lugar, el pretendido plebiscito en que Artur Mas y sus socios en JpS han querido convertir las elecciones se ha zanjado con una derrota clara de los independentistas, que sólo han conseguido el 47,8% de los votos. Ante la comunidad internacional, sobre todo, la pretensión rupturista ha fracasado. En Derecho Internacional, se considera que determinadas decisiones que afectan a la integridad territorial de los Estados sólo tienen sentido cuando tienen el apoyo de mayorías "suficientes", cualificadas. Ésta es, sin ir más lejos, la filosofía de la canadiense Ley de Claridad.
-En tercer lugar, todo indica que la CUP no prestará su apoyo a Artur Mas para que ocupe la presidencia de un futuro gobierno autonómico. En este supuesto, lo lógico sería que la lista de JpS se desglosara por partidos políticos (como es conocido, hay en ella miembros de CDC, de ERC, de las asociaciones cívicas independentistas y de la sociedad civil) y que la nueva mayoría surgiera de una coalición con cierta coherencia ideológica interna.
-En cuarto lugar, las elecciones han puesto de manifiesto que sólo las dos provincias septentrionales de Cataluña son independentistas. En Gerona, JpS y CUP han obtenido el 65,23% de los votos y en Lérida, el 63,31%. En cambio, en Barcelona apenas han logrado el 44,34% y en Tarragona, el 48,98%. La extrapolación del 'derecho a decidir', reducida al absurdo, podría limitar la secesión a gerundenses y leridanos. Y el independentismo se vuelve periférico y rural.
-En quinto lugar, es obvio que el pronunciamiento de los electores no ha desactivado el Estado de Derecho, por lo que si los independentistas quisieran mantener el pulso al Estado se encontrarían con los obstáculos previsibles. Con todo, la evidencia de una gran fractura entre dos partes casi iguales de Cataluña no puede ser ignorada por las fuerzas estatales: no hay lugar para el inmovilismo en PP y PSOE. Y no tiene sentido aplazar todo lo posible las elecciones generales, cuando la mayor urgencia de este país es acudir al conflicto catalán con propuestas constructivas que lo desactiven.
-En sexto lugar, hay que tomar nota de que dos formaciones, muy distintas entre sí, han resultado severamente castigadas pos los electores: el PP llega a la marginalidad después de haber optado por un candidato radical, totalmente inapropiado para formar parte activa de un proceso negociador. Y Podemos, ambiguo sobre las independencia, ha naufragado sin paliativos al no haber conseguido su plataforma ni siquiera los resultados que alcanzó ICV en 2012. Alguien debe decirle por cierto a Pablo Iglesias que hace el ridículo cada vez que se sigue postulando a presidente del Gobierno.
-Por último, la impotencia de los nacionalistas sugiere la necesidad de que la iniciativa, a partir de ahora, la adopten las fuerzas estatales: es absurdo esperar pasivamente a que, con toda la previsibilidad posible, la cámara catalana presente la famosa DUI (declaración unilateral de independencia), primera piedra de un largo proceso político-judicial. Es el Estado el que, con energía e ingenio, ha de efectuar propuestas de reforma, capaces de sacar el conflicto de su atolladero.
