El pasado martes, el PP, Podemos y Ciudadanos votaron conjuntamente en el Parlament una moción del PP por la que se exigía al Govern la destitución del director del Ib-Salut, Juli Fuster, marido de la consellera de Salut, Patricia Gómez, y de Pau Thomàs, asesor de la conselleria de Treball, hijo de Vicenç Thomàs, antiguo conseller de Salut y actual vicepresidente de la cámara legislativa. El resultado fue la aprobación de la moción por 32 votos a favor, 24 en contra (PSOE y Més) y tres abstenciones (El Pi). Es la primera derrota parlamentaria del tercer "govern de progrés". Y Laura Camargo ha dicho que aumentará la tensión, que Podemos va a "seguir tensando la cuerda" por la política de nombramientos del Govern; y que no va a cejar en su determinación de que cese a Francisco Fernández Terrés como gerente de Sitibsa. Los socialistas han echado en cara a Podemos, un partido de clara orientación de izquierdas que pretende la regeneración de la política, que haya votado con el partido más corrupto de la historia de Balears. Y han dicho que no van a destituir a Fernández Terrés.
Una primera cuestión a considerar de esta primera iniciativa parlamentaria con la que Podemos se desmarca claramente del Govern de PSOE y Més, es la equivocada lectura que del resultado de las elecciones y del pacto para formar gobierno hicieron estos últimos. Proclamaron con gran convicción que el fracaso de los dos primeros gobiernos frutos de los pactes de progrés era consecuencia de haber pactado con la derecha corrupta de UM. De la incoherencia de aquellos pactos se habría derivado la incapacidad para desarrollar una gestión de gobierno transformadora, siempre frenada por UM, con el resultado de una mera ocupación del poder. Ahora iba a ser distinto porque las firmantes del pacto eran todas fuerzas de la izquierda.
El análisis era equivocado. Una de las razones era que el Pacte de progrés no era entre la izquierda y UM sino entre el PSOE y UM al que se adherían las otras fuerzas. Era de gran utilidad para el PSOE, pues le servía para parar a su izquierda con la excusa de UM y justificar así su escasa voluntad transformadora. El PSM y el resto de la izquierda justificaba también así lo que quedó en simple reparto de cargos para sus afiliados. No atisbaron a comprender que al pactar con un partido corrupto (todos ellos lo sabían por mucho que se rasgaran las vestiduras cuando empezaron las detenciones) ellos mismos se estaban contaminando.
La otra cuestión es que los tiempos políticos son diferentes. La conciencia de una crisis política sobrevenida con la crisis económica en el momento de los primeros pactos era inexistente. Pero en 2011 estalla el movimiento de los indignados del 15M que iba a cambiar de forma drástica la perspectiva con la que un importante número de ciudadanos de todos los sectores sociales, pero fundamentalmente de la izquierda, iba a juzgar la práctica política. De este movimiento, crítico con la política económica, con los desahucios, con una clase de políticos profesionales atenta solamente a sus intereses por encima de sus diferencias ideológicas y gozando de impunidad por sus desafueros al controlar al poder judicial, con las puertas giratorias entre el gran capital y la política, iba a surgir una nueva exigencia de compromiso y de ejemplaridad; también el cuestionamiento de un sistema político anquilosado, ajeno a la división de poderes y a la participación democrática. Un condensado de aquel movimiento son los partidos emergentes: Podemos y Ciudadanos. Lo que antes era posible, que la práctica clientelar de los dirigentes de la izquierda de premiar con cargos públicos los apoyos internos que recibían para ser elegidos como tales, una vez conseguido el poder, una forma de corrupción, ya no iba a ser contemplada como algo normal y lógico. Si a esto le superponemos que algunos de estos cargos iban a ser ocupados por los familiares cercanos de estos mismos dirigentes, es ahora mucho más difícil de digerir. Un último escándalo es la designación como asesor de Antich del hijo de Jaume Colom, un beneficiario de por vida del cambio de cromos de apoyo interno por cargo público, que ahora traslada el beneficio a su hijo, como Vicenç Thomàs. Si Podemos claudicara con esta práctica clientelar y corrupta del PSOE, es obvio que contradiría uno de los supuestos básicos de su irrupción en el panorama político: luchar contra la casta política que ha usurpado el poder de los ciudadanos en su propio beneficio.
Estamos abocados a la alternancia entre dos males: la corrupción del PP y la parálisis de una izquierda entregada al clientelismo y el nepotismo a la que sólo une el poder. Llama la atención el sofisma con el que algunos dirigentes de la izquierda se justifican diciendo lo mismo que anteriores jerarcas del PP: "¿No es una injusticia que una persona preparadísima, deba renunciar a ser alguien con responsabilidad pública por ser el hijo de un político?". Pues efectivamente, así debe ser si consideramos el ejercicio del poder como un servicio a los ciudadanos y no como un botín del que se tiene derecho a repartir a criterio discrecional del vencedor. El ejercicio del poder exige servidumbres, entre otras limitar el acceso de los allegados a un cargo público, incluso los de reconocida solvencia porque, aunque pueda parecer injusto, protege un bien superior: el de la ejemplaridad, que cohesiona a los ciudadanos en torno a uno de los principales valores de los que legitiman a un sistema político: los intereses públicos frente a los particulares. La honradez de la mujer del César. No sólo ser, también parecer. Pues imagínense cuando se trata de personas sin más mérito que ser hijos o familiares de quienes usufructúan el poder.
Se equivocan los dirigentes del PSOE cuando reprochan a Podemos votar junto al partido más corrupto de la historia de Balears. Es el "y tú más". Los errores del PP no bendicen a los del PSOE. La retórica fácil contra la derecha ya no cuela. Y si Podemos no vota en su contra destruye los fundamentos de su propia existencia, como ya ha empezado a hacer en los ayuntamientos de Barcelona y Madrid. Si la izquierda no puede invocar sino un menor grado de corrupción, es que hace tiempo que dejó de ser izquierda. Se equivocan los de Podemos al pensar que pueden condicionar a un gobierno propiciado por ellos que no puede ser desalojado si no es con una impensable moción de censura pactada con el PP. Haberlo pensado antes. Armengol va a hacer caso omiso a sus mociones porque si no lo hiciera estaría dinamitando las bases de su poder. Ella dirige al PSOE y es presidenta de Balears porque los que obtienen cargos (¿hay entre ellos algún disidente?), es decir, dinero público, allí la han colocado. Reclaman la torna. Lo que algunos predecimos, inestabilidad y parálisis, está en camino de hacerse realidad.
