Plantear la posible independencia de Cataluña como un problema regional, y por tanto circunscrito sólo a Cataluña, es un grave error. El gran desafío es para España como nación integrada en la Unión Europea. Tanto es así que la independencia de Cataluña no sólo afectaría a los catalanes sino también de forma directa al resto de España. Pero vayamos por partes.
Primero, el bloque independentista ha planteado la independencia de Cataluña para constituirse como Estado-nación, y lo ha hecho amenazando con romper todas las reglas del juego de nuestro marco constitucional, sin importarles que la responsabilidad y el compromiso de todo gobierno, en un estado democrático y de derecho es respetar la ley. Es por ello que me duele observar que en el debate, sobre la bondad o maldad de la propuesta independentista, han prevalecido las vísceras por encima de la razón. Dicho de forma más suave, en el debate no ha tenido cabida criterio racional alguno y se ha transitado por elementos estrictamente emocionales y sentimentales. Ya se sabe, cuando prevalece el sentimiento y la emoción sobre la razón las consecuencias suelen ser, como mínimo, graves, por no decir impredecibles y diabólicas.
Segundo, se ha olvidado que la Constitución proclama que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español y, por tanto, no caben compartimentos territoriales, ni eufemismos dialécticos apelando al "derecho a decidir". La propia Constitución proclama la "indisoluble unidad de la Nación española", así pues no cabe, dentro de nuestro marco constitucional, la celebración de referéndum alguno, por parte de sus regiones o nacionalidades, para consultar a una parte sobre la segregación de esta parte del territorio español. Pero hoy hay que reconocer que los constitucionalistas, y yo lo soy, hemos perdido el debate. Y lo hemos perdido porque no hemos sido capaces de articular un discurso coherente y unitario entre todas las formaciones políticas que dicen defender la constitución y, por tanto, su aplicabilidad en todos sus términos. Nos hemos perdido en los matices, dejando a un lado el global común, porque la Constitución es un todo, y no puede ser interpretada según las conveniencias de partido.
Hoy, a escasos días del 27S, es mi propósito, dentro de las limitaciones que supone un artículo de estas características, hacer un poco de pedagogía. Y para ello formularé una pregunta para después darle respuesta. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas de Cataluña si ésta se declara independiente?
La primera es que automáticamente dejaría de formar parte de la Unión Europea, y por tanto del euro, con el coste político y económico que ello supondría para Cataluña en sí misma y también para España. Sí es verdad que el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea prevé el procedimiento a seguir para que un estado pueda formar parte de ella, pero para ello se requiere abrir un proceso de negociación que sería largo y no exento de dificultades. El propio artículo 49 del tratado prevé la necesaria unanimidad de todos los estados miembros para que esta incorporación se materialice.
Otra consecuencia sería que la declaración de independencia de Cataluña la convertiría en un tercer estado respecto de la Unión Europea. Ello implica que se dejarían de aplicar todos los tratados que afectan a la UE y que comprometen a todos los estados miembros. Baste un ejemplo, dejaría de pertenecer a la unión económica y monetaria, con lo cual las consecuencias económicas de su independencia serían muy graves. No olvidemos que Cataluña es la comunidad de España con el PIB más elevado, rozando el 20%, y que además la economía catalana depende en casi un 50% de las ventas que hace al resto de España.
Por otra parte, el dejar de pertenecer a la UE supondría para Cataluña la aplicación de la tarifa exterior común (TEC) a todas las exportaciones que se dirigieran desde Cataluña hacia la UE, y que actualmente suponen un 63% a la propia UE y un 52% a la zona euro. Es decir, el efecto de aplicar la TEC incrementaría el precio de las exportaciones catalanas en casi un 6%, con la consiguiente pérdida de competitividad. Y a su vez perdería todos los acuerdos preferenciales que la UE tiene con la firma del libre comercio con Estados Unidos.
En cuanto a España, el efecto sería un efecto catastrófico tanto para la economía catalana como para el resto de España, ya que España es el principal mercado de Cataluña. Recordar que en el año 2012 las ventas de Cataluña al resto de España fueron de casi 50.000 millones de euros, lo que representa algo más del 45% de sus ventas totales. Ya lo advirtió en su momento el presidente de Estudios Económicos, José Luis Feito, cuando dijo "la caída de las ventas de Cataluña como consecuencia de su independencia, se debería, en un elevado porcentaje, al descenso de las ventas al resto de España". Este descenso de ventas podría suponer una caída de cerca del 15% del PIB catalán.
Podemos concluir aquí que una Cataluña independiente implica de hecho su salida de la UE, la no aplicabilidad de sus tratados y una caída sin precedentes del PIB como consecuencia de la negativa repercusión en el comercio exterior. Y todo ello sin hacer referencia a los inmediatos efectos negativos en los flujos de inversión directa extranjera. No lo olvidemos, el dinero, y la inversión es dinero, busca siempre estabilidad en el marco jurídico y político, hecho éste que se rompería de facto al declararse Cataluña independiente.
Podríamos continuar pero este comentario se haría interminable. Me voy a limitar a concluir anunciando otros efectos negativos que supondría para Cataluña, y también para España, la declaración de independencia. Entre ellos destacar la asunción de la deuda pública contraída por Cataluña, la pérdida de poder recurrir al fondo de liquidez autonómica, la no aplicabilidad del plan de pago a proveedores, la indefinición de cuál sería la moneda del nuevo estado y su valoración con respecto al euro, la falta de acceso a los fondos regionales europeos, la no participación de los fondos europeos en materia de economía del conocimiento, innovación y desarrollo empresarial, la no participación de los fondos FEADER del FEP, del FSE y de los fondos FEDER, que sólo para el plan financiero plurianual 2007-2013 supusieron 1.269 millones de euros.
En conclusión, aunque sea sólo por un criterio economicista, la independencia de Cataluña no les interesa a los catalanes, es un mal negocio, a no ser que quieran convertirse en un país de fuerte depresión económica que, por la irresponsabilidad de sus dirigentes independentistas, la llevarían a un estado de indigencia sin precedentes en Europa. Esta vez el voto sí cuenta. Es el gran desafío.
