Es más que evidente que en los últimos diez años ha habido una gran masificación, en todo orden de cosas; basta por ejemplo, lo que ha ocurrido con los móviles, el fabricante en España, cuando los introdujo en el mercado, manifestó que se conformaba con vender un millón, cuando en la actualidad todos los españoles, a partir de una temprana edad, hasta cuentan con dos. Lo mismo ha ocurrido con la enseñanza y con multitud de objetos: ropa, zapatos, perfumes, etc. Esto, a mi entender, es muy bueno socialmente hablando, pues la masificación ha traído consigo una mayor perfección en todos los productos, que al venderse, dan lugar a una gran competencia.
La masificación de los estudios ha conllevado un número importante de los jóvenes y no tan jóvenes que se matriculan en la universidad y un mayor número de profesionales futuros. Lo mismo ha ocurrido con los justiciables. Se acude a los tribunales para solventar las diferencias entre particulares o para resolver procesos penales.
En el orden sanitario se acude a los médicos para solventar las dolencias, sin que sea necesario para ello que se tenga el dinero suficiente para pagar honorarios, pues la sanidad es pública. En otros países quien tiene para pagar a un médico puede poner remedio a sus dolencias y quien no, tiene que hacer frente a las suyas sin ayuda alguna. Este es el caso de Norteamérica, aunque los demócratas hayan conseguido aliviar la situación.
Ahora bien, la masificación aludida de forma general anteriormente, implica que el sistema político tiene que cubrir adecuadamente los servicios sociales para que éstos funcionen también adecuadamente, lo que no ocurre en nuestro país que ha visto recortar constantemente los recursos sanitarios y de enseñanza con las consecuencias que ello conlleva, como listas de espera interminables que llevan consigo defunciones y agravación de enfermedades y cierre de facultades o admisión limitada de matriculaciones.
En el orden de la Administración de la Justicia aún son peor las limitaciones que se dan; no por negligencia de los jueces y magistrados, pues éstos no pueden atender a los casos que se les presentan. Conozco jueces que se llevan trabajo a su casa para seguir trabajando fuera de horario. Gran parte de la sociedad piensa que si los casos no se resuelven en el plazo que tienen fijado procesalmente, es por negligencia o para que se alarguen penalmente en caso de políticos procesados, antes eran inculpados y hoy sometidos a investigación. Pero ello no es así, un juez de primera instancia no puede resolver mil asuntos al año y uno de Instrucción no puede intervenir en tres mil al año.
La Administración de Justicia tiene que resolver estos problemas, dotando de más medios. En otras ocasiones he afirmado que la plantilla de jueces y magistrados debe triplicarse y no buscar medios como los que implantó el ministro Ruiz Gallardón con la ley de tasas y suspensión de procedimientos, al que, menos mal, se le hizo dimitir. Hace apenas tres días la fiscalía del Tribunal Supremo ha protestado y manifestado que un juicio no puede tardar dos años para iniciarse.
No puedo dejar de aprovechar la ocasión para hablar del arbitraje, lo que no es una obsesión sino la adopción de un sistema fácil y cómodo que se impone cuando los particulares se someten a este medio de Justicia, lo que se debe llevar a cabo al inicio de sus relaciones, cuando se firman los contratos que imponen obligaciones a los contratantes, pues cuando estas se han incumplido, el culpable prefiere acudir a los tribunales, que tienen una demora de ocho años, si el proceso llega la Tribunal Supremo.
Desde aquí insto al Colegio de Abogados de Balears para que, a través de su decano, se lleven a cabo jornadas sobre el arbitraje, dando a conocer al público y especialmente a abogados y notarios las ventajas de la institución.
En los años que fui decano pude comprobar que los abogados nombrados árbitros desde su nombramiento se consideran jueces independientes y objetivos. Recibí una carta de un abogado, que había perdido el arbitraje, declarando la eficacia de la institución.
Bien por la masificación. Mal por los escasos medios que se dan para atenderla.
* Exdecano del Colegio de Abogados de Balears (ICAIB)
