El independentismo de un colectivo humano como el que forma Cataluña, que se considera a sí mismo integrante de una "nación", es perfectamente legítimo. Lo que se cuestiona no es, por tanto, esta propensión secesionista sino las condiciones para que los partidarios de la ruptura puedan ensayarla y, en su caso, formalizarla. Y aunque el derecho de autodeterminación nada tiene que ver con el caso catalán (los grandes tratados internacionales tan sólo se aplican a territorios en régimen colonial y sometidos un régimen autoritario), hay ejemplos democráticos que han creado cierta jurisprudencia y que sirven de modelo para la ocasión. Québec y Escocia pueden en definitiva servir de pauta.
En primer lugar, es necesario reconocer que, en un contexto democrático, cualquier designio político debe someterse inequívocamente al imperio de la ley. Los quebequeses y los escoceses pudieron convocar referendos porque el ordenamiento de sus respectivos países los permitía; Canadá es un país joven, genuinamente federal, en que el engrudo estatal es liviano, y el Reino Unido, como se sabe, no cuenta con una Constitución escrita. En el caso español, la carta magna consagra la unidad del Estado y no contempla como es lógico la posibilidad de una secesión? algo que sucede con la inmensa mayoría de las constituciones democráticas del mundo. Lo que no significa que la secesión sea imposible sino que sólo sería jurídicamente viable previa reforma constitucional, que tiene sus cauces (todas las constituciones democráticas son por definición abiertas, es decir, incluyen el procedimiento para su reforma).
Claro que el camino de tal reforma sería largo y probablemente infructuoso a corto y medio plazo, pero la dificultad no justifica en ningún caso la vulneración de la legalidad, la improvisación de caminos exóticos al margen del ordenamiento. Máxime cuando no existe la menor sospecha de que la Constitución vigente no contase originariamente con la legitimidad debida: nuestra ley fundamental se gestó mediante el mayor consenso posible en su génesis y fue clamorosamente aprobada por todas las regiones de España con porcentajes que no dejan lugar a dudas.
Es, pues, evidente que la explícita objeción que ha formulado la comunidad internacional Cameron, Merkel, Obama al "proceso" independentista, basada en el incumplimiento de la legalidad vigente, tiene pleno fundamento, y es el principal pecado del independentismo, el que le priva de legitimidad. Las elecciones "plebiscitarias" son un evidente fraude de ley, y lo seguirían siendo aunque sus organizadores no tuvieran la pintoresca intención de arrogarse el derecho a la secesión contando con una mayoría en escaños que en el mejor de los casos ni siquiera representaría a la tercera parte del censo.
Más allá de este déficit, el "proceso" catalán adolece de otras deficiencias que son fáciles de ver si se observa lo ocurrido en Québec, donde hubo dos referéndums, ambos perdidos por los independentistas. Tras el segundo, el parlamento de la confederación elaboró la ley de claridad, que regula una hipotética secesión futura, y que se basa en algunos criterios elementales, ya incorporados al bagaje doctrinal de la comunidad internacional: a) Québec no tiene reconocido el derecho a la autodeterminación. b) La secesión sólo sería posible si "una clara mayoría" declarara "de forma inequívoca" su deseo de no pertenecer al Canadá. Entre otras razones, porque "democracia... significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría". Y c) La secesión de una provincia "bajo la Constitución" no puede ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación con los otros miembros de la confederación dentro del marco constitucional. Es claro que el "proceso" catalán va por otros caminos? lo que lo arroja directamente en brazos de la melancolía.
