Se vende y se despacha casi de todo en cualquier parte. El consumidor recibe constantes tentativas para comprar el pan en la gasolinera, tomarse un café en la panadería o complementar el ágape del restaurante con música y baile en el mismo establecimiento. Nada nuevo. Son hábitos de venta y consumo que se han ido consolidando poco a poco y que ya están y se dan por establecidos.
Pero no es menos cierto que estas nuevas dinámicas sociales de comercio y consumo han desembocado en un cierto desbarajuste en el que poco es lo que parece y la industrialización del producto pre elaborado ha salido beneficiada. Todo tiene su coste y en este caso es el deterioro del comercio al detalle y del elemento artesanal. ¿Hasta dónde llega el bar y dónde empieza el restaurante? O viceversa, qué tanto da. Esta, por poner el ejemplo más claro, es la pregunta que se hacen por igual los titulares de negocio y los consumidores.
Es evidente que se impone la necesidad de regular las normativas vigentes a las nuevas realidades comerciales. Con tanto invasión de competencias recíprocas se han creado muchas deslealtades, pisado muchos callos y con ello creado trabas para el camino de supervivencia de abundantes establecimientos.
No puede extrañar, por tanto, que ahora las patronales de la restauración y las salas de fiesta acudan a la Administración en demanda de auxilio para consolidar el presente y encarar el futuro con ciertas garantías. Aspiran, en buena lógica, a poner coto al intrusismo que tantos males ocasiona. Vista su proliferación, la tarea no será fácil.
El lamento de hoy consiste en observar cómo la actual campaña de inspecciones auspiciada por el Govern se centra sobre empresas con trabajadores afiliados a la Seguridad Social y se sospecha que con contratos que no se ajustan a la realidad laboral, pero no se adentra en aquellas que ni siquiera dan de alta a sus trabajadores. El conseller Negueruela ha venido a pedir un poco de paciencia a los empresarios. Ha dicho que en el futuro habrá campañas de inspección más profundas. Mientras, sin embargo, sigue deteriorándose la situación y expandiéndose el pillaje, sobre todo en muchos negocios de temporada de zonas costeras. El malestar y el perjuicio económico son tan reales como la competencia despiadada, sea legal o ilegal.
Se solicita un cambio de prioridades a la hora de realizar las inspecciones. Las patronales reivindican un mayor marcaje sobre aquellos que se sitúan por completo en la cuneta de la ley y quizás no tanto en lo relativo a quienes la distorsionan en beneficio propio o sólo la acatan de forma parcial. La verdad es que habrá que afrontar las dos cosas por igual, porque las actividades comerciales de Mallorca vinculadas al turismo precisan mucho reciclaje y vigilancia. En ningún caso resulta asumible que quienes cumplen con la legalidad deban cargar sobre sus espaldas el perjuicio de quienes carecen de escrúpulos para invadir competencias ajenas y sortear las reglas de la Administración. La maleza de la crisis ha sido terreno abonado para estos comportamientos furtivos.
