La escasez de trabajo va asociada con frecuencia a la perdida de calidad de la ocupación. Ocurre no sólo en el aspecto económico, en lo referente a la reducción de salarios, sino también en cuanto al tiempo ocupado y las condiciones de seguridad y prevención a la que están sujetos los trabajadores. Las carencias en este último aspecto, el de la merma de las garantías de protección y control, se confirma por desgracia en Balears, y lo hace en unos términos que llevan directamente a la preocupación obligando a tomar medidas sin demora alguna.

El conseller Iago Negueruela y la directora general de Trabajo, Isabel Castro, han justificado la necesidad de aplicar un plan de coche en material de prevención y seguridad laboral, una vez constatado que Balears tiene el triste récord de ser la autonomía española con la tasa de accidentes de trabajo más alta de todo el país.

No sólo eso, el archipiélago es la cuarta comunidad en la que más han aumentado este tipo de siniestros durante el último año. Está claro que la problemática se ha disparado en los últimos tiempos. Se impone investigar y determinar por qué ha ocurrido así y actuar en consecuencia. En las islas se ha llegado a registrar una tasa de 433,5 accidente laborales por cada 10.000 afiliados a la Seguridad Social. Llama la atención que uno de los apartados en que más ha crecido la siniestralidad sea el de la construcción, precisamente en una época en la que, por mero efecto de la crisis económica, este sector es uno de los que más ha visto reducida su actividad.

Los sindicatos denuncian que todo obedece en gran parte a ritmos de trabajo excesivos y que es una consecuencia directa de la precariedad que se tolera en unas formas de trabajo que, en ocasiones, no se ajustan, ni mucho menos, a la realidad de la labor desempeñada. En los últimos días, partidos como Podemos han puesto también rostro a la explotación laboral compareciendo en público junto a camareras de piso de la hostelería que se ven obligadas a medicarse para poder cumplir con el nivel de trabajo que se les exige. Algo grave y tapado hasta hace poco está ocurriendo en Balears. Afecta seriamente a la seguridad de los trabajadores que impulsan y dan vida a su economía. El deterioro alcanza a la misma dignidad de la condición humana. Por eso el plan de choque que ahora anuncia el Govern se vuelve imprescindible y urgente. El problema tiene tal magnitud que requerirá, por necesidad, de la complicidad de agentes sociales y colectivos cívicos.

Parece evidente que en los últimos tiempos se ha caído en el grave error de permitir y tolerarlo casi todo en materia laboral. La escasez de puestos de trabajo ha llevado a aceptar cualquier cosa en cualquier condición. Es una irresponsabilidad de quien lo ha ofrecido con la complicidad del receptor que desemboca en las malas consecuencias que ahora se están pagando.

Los hechos consumados y los lamentos, cuando ya ha ocurrido el accidente y producido sus secuelas, de poco o nada sirven. Son una denuncia tardía del mal efectuado. No queda más remedio que incidir sobre la prevención y la concienciación de empresarios y trabajadores. En medio de ello, también será necesaria una eficaz tarea inspectora para evitar o sancionar desmanes. Hay accidentes que son fortuitos o inevitables, pero otros, la inmensa mayoría, son previsibles y por tanto evitables con medidas de protección y seguridad. Un trabajo seguro es propio de una sociedad moderna y contribuye a la calidad de vida y a la robustez del crecimiento económico que hoy se necesita.