Los gobiernos de Madrid y Palma siguen siendo incapaces de desbloquear las imperiosas necesidades de financiación de la Comunidad balear, lo cual significa que no están en condiciones de poder garantizar en su integridad las demandas de los ciudadanos y el pleno funcionamiento de algunas infraestructuras y servicios del archipiélago. Esta es la verdadera dimensión del problema.

El encuentro mantenido esta semana en La Moncloa entre el presidente Rajoy y la presidenta Armengol no se ha traducido en avances dignos de mención. La entrevista estaba confirmada desde hace tiempo y por tanto se supone que preparada por ambas partes, pero no ha sobrepasado los niveles de la corrección, la diplomacia y la declaración de buenas intenciones.

El presidente del Gobierno no ha dado el visto bueno al incremento del techo de déficit público del 0,3% para Balears. Sólo se ha comprometido, en términos muy genéricos, a la reactivación de la comisión mixta de financiación que lleva cuatro años paralizada, a la teórica revisión del Régimen Especial de Balears y a la prórroga de algunos convenios derivados de los fondos estatutarios, como el de Carreteras. Rajoy tampoco ha asentido cuando se le ha vuelto a plantear la conveniencia de prórroga en la aplicación de la LOMCE o que el Estado asuma los costes de los fármacos que necesitan los pacientes de Balears afectados por la hepatitis C.

Pese a ello, la presidenta Armengol ha regresado "alegre" de Madrid porque considera que se han abierto "espacios de diálogo y normalidad". Nos parece una satisfacción desproporcionada con los logros „muy escasos, prácticamente simbólicos„ de las reivindicaciones que la misma Armengol venía planteando con insistencia desde su discurso de investidura.

Esta misma semana también, la consellera de Economía, Catalina Cladera, ha avanzado el esbozo de los presupuestos de la Comunidad para 2016. Con la permanente demanda de autorización para el incremento del déficit público en el alero y a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones generales, se estima un crecimiento del PIB del 3% , se fija un techo de gasto de 4.200 millones y se incorpora una partida de impuestos recaudables fijada en 191 millones que, necesariamente, significará mayor carga fiscal para el ciudadano. En el subconsciente perdura ya la convicción de las cosas seguirán igual, porque la misma consellera Cladera ya se muestra partidaria de un plan de equilibrio a largo plazo avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

A pesar de que hasta el ministro Montoro vienen reconociendo desde hace tiempo la mala financiación autonómica de Balears, no se vislumbra la posibilidad de un arreglo inmediato. Una prueba más de ello está en la mentalización que practica el Govern sobre la creación de nuevos impuestos. Aparte de la conocida ecotasa se habla ahora de otro gravamen para las grandes superficies. También se recuerda el siempre necesario control sobre el fraude fiscal. Queda por dar el paso de las buenas palabras a los hechos concretos. De momento, permanecemos en el escenario de las intenciones y del incremento de impuestos, pero Balears necesita una financiación seria acorde con sus necesidades reales.