La pretensión de reformar a toda prisa, por vía de urgencia y por lo tanto sin los tranquilizadores informes del Consejo de Estado y de otras instituciones, el artículo 92 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC) es un error abultado. La medida no aporta nada al sistema y sí lo desacredita puesto que supedita una institución central al interés ocasional de un grupo.
Desde el punto de vista técnico, la cuestión no es ni siquiera relevante. El constitucionalista Francesc de Carreras, de equilibrado juicio, aplaudía la iniciativa en un artículo, "Tarde pero bien" que defendía las tesis contrarias a las del editorial de su periódico, titulado expresivamente "Un grave error". Carreras justificaba su opinión con el argumento de que, con esta reforma, "la ejecución de las resoluciones del TC está mejor asegurada". Otras voces, como la del expresidente del TC Pascual Sala, ha criticado con dureza la medida, tan "inoportuna" como "innecesaria"
Como es conocido, se pretende hacer posible que el TC recabe auxilio a las distintas administraciones y poderes públicos para "garantizar la efectividad de sus resoluciones". Frente a ello, Jueces para la Democracia y la asociación judicial Francisco de Vitoria se han pronunciado en contra. Quienes rechazan la mudanza alegan, además de una precipitación inexplicable, la evidencia de que el Tribunal Constitucional no es en absoluto un tribunal de justicia, y el hecho incontrovertible de que ya es posible acusar penalmente a los incumplidores de las resoluciones del TC por delitos de desobediencia, prevaricación e incluso sedición.
En todo caso, el valor técnico, legislativo, de la norma queda completamente ensombrecido por el hecho de que todas las televisiones, convenientemente avisadas, mostraran a la audiencia al señor García Albiol en el registro del Congreso de los Diputados junto a los parlamentarios del PP que presentaban la propuesta. La norma en ciernes, que este partido se dispone a sacar adelante haciendo valer su mayoría absoluta, es en realidad una carga de profundidad contra el soberanismo. Y algunos pensamos que no todo vale en democracia, ni siquiera frente a quienes tienen como principal objetivo destruirla. Los demócratas, para cargarse de razón, tienen que ser escrupulosos con los principios y con los procedimientos. Y en este caso, la estética ha fracasado estrepitosamente. El TC y sus normas no pueden quedar al arbitrio de quienes gestionan un conflicto, por grave que sea, si no se quiere desacreditar la institución? que ya no está, por cierto, con su crédito intacto, precisamente por errores antiguos de naturaleza semejante.
Frente a unos soberanistas que han manifestado su intención de retorcer la letra y el espíritu de las leyes mediante una interpretación viciada de un proceso electoral ordinario que ellos califican de "plebiscitario", el Estado de Derecho tiene una amplia panoplia de posibilidades jurídicas a su alcance para defender la legalidad. La más dura de todas, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite suspender la autonomía, en ciertas condiciones y con la autorización del Senado (Alfonso Guerra ha puesto las cosas en su sitio al no descartar que se aplique con dureza la Constitución para defender la Constitución). No hace, en fin, falta el apresuramiento de sus señorías en la confección de nuevos frenos al desmán, ni mucho menos un rearme procesal para perseguir mejor a los infractores.
Los soberanistas, como es lógico, han exprimido el suceso para excitar aún más los ánimos de sus seguidores. Y eso no tiene demasiada importancia; lo grave sería que algún ciudadano sensato se irritara ante el desliz de la mayoría y se pasara al bando de los rupturistas. Con estas posibilidades, el Gobierno no debería jugar.
