Una sociedad plural y moderna, abierta a todas las creencias y cada vez más diversificada en lo cultural, necesita, sin duda alguna, modelos educativos integradores abiertos a la tolerancia y al respeto. Pero, ¿dónde están y en qué se concretan sus limites y coordinadas? Esta es la gran cuestión de debate y discernimiento para pedagogos y administradores públicos, entre una LOMCE de escaso recorrido y aquí, en Balears, una huelga de profesores que no llega a desconvocarse y la falta de alternativa al trilingüismo del TIL.
Las derivas de la situación docente y la estrepitosa falta de consenso sobre el sistema educativo se dirimen en distintos estadios y escenarios. En Mallorca, uno de ellos, no exento de polémica y controversia, es del los colegios Llaüt y Aixa, con sede en el Parc Bit y vinculados al Opus Dei. Es así porque estos centros aplican una discutida práctica docente que, de tercero a sexto de Primaria, separa al alumnado por sexos. Es un modelo que algunos valoran desfasado y fuera de lugar.
De hecho, los anteriores gobiernos del Pacte consideraron que el segregar aulas de niños y niñas era causa suficiente para no suscribir conciertos con Aixa y Llaüt. Pero, a la vista de pronunciamientos judiciales anteriores y quizás amparándose en la afinidad ideológica, el Govern Bauzá optó por concertar los referidos centros. Ha llegado el Ejecutivo Armengol y de inmediato, el pasado 24 de julio, ha decidido anular el referido concierto alegando que los términos del acuerdo anterior eran de dudoso contenido y por tanto revisables en todos sus extremos. Las supuestas irregularidades llegaron a ser admitidas por miembros del PP. Al tiempo, se transmitía un mensaje esperanzador en cuanto a la posibilidad de acuerdos. Aún así, cómo era de esperar, la medida no fue del agrado de la parte perjudicada, la cual reclamaba el derecho de saber a qué atenerse ante la inminencia del nuevo curso. Las asociaciones de padres de Llaüt y Aixa, junto a la entidad de promoción educativa Embat, decidieron llevar el asunto a los tribunales, por lo que respeta al apartado pecuniario más urgente, el de las nóminas del profesorado. Ahora, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior resuelve las medidas cautelares planteadas y obliga al Govern a abonar los gastos y los salarios desde tercero a sexto de Primaria. También le carga con las costas procesales. No había discusión sobre los cursos anteriores.
El tribunal ha tenido en cuenta casos análogos precedentes y no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, la revisión del concierto educativo concedido en el curso 2014-2015. Se ha resuelto lo inmediato, lo más urgente, pero persiste el trasfondo inicial, el de la segregación de sexos en las aulas, un modelo educativo que prácticamente se convierte en excepción. Sería malo que esta cuestión también acabara dirimiéndose en los tribunales. Resulta comprensible el recelo de un Govern paritario y con políticas de igualdad de género, hacia la educación segregada por sexos.
