Si es verdad que Rodrigo Rato cobró jugosas comisiones por los contratos publicitarios suscritos por Caja Madrid durante su etapa como presidente de la entidad, el crédito del personaje, que ya ha caído hace tiempo del pedestal, rodará por el fango. No sólo judicialmente sino también socialmente. Pero hay una cuestión que nos ronda y que nos produce a algunos franca desazón. Estos delitos que se atribuyen a Rato, por los que ya está por cierto en prisión un intermediario ¿y por qué no el presunto delincuente?, han salido a la luz porque en Bankia estalló un colosal escándalo, que ha obligado al Estado a mirar con lupa lo ocurrido, a depurar responsabilidades, a acotar el daño provocado, a tratar de imponer sanciones ejemplares para aplacar a la opinión pública. Pero, ¿qué hubiese pasado si no hubiera habido crisis, si el desmán del presidente de Bankia no hubiera quedado inscrito en el marco de un gran desastre, si nadie hubiera mirado las cuentas por otras razones?
La pregunta puede hacerse de otro modo: ¿es habitual que los gestores de entidades públicas, semipúblicas e incluso privadas se lleven comisiones de los proveedores? ¿Hasta qué punto estos fraudes, que lesionan al contribuyente o al accionista, están generalizados en este país? ¿Qué se hace para reprimirlos? Sea como sea, asistir al caso Rato produce una gran desconfianza en las elites de este país.
