Estamos metidos en tiempo de adviento: este extraño agosto, trufado de sobresaltos que imposibilitan el sosiego, en el que el Gobierno, a punto de dejarse dominar por el pánico, ha decidido iniciar la insólita tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, constata que se nos echan encima unos meses de complicado tránsito. Las elecciones generales están ahí, a tres meses de calendario, y con un desenlace tan abierto que hace posible pensar en soluciones desconocidas en el hasta ayer estable sistema político español. El pánico que el Gobierno del PP trata de conjurar lo ha exhibido el ministro de Asuntos Exteriores. García Margallo, siempre tan bocazas, ha sentenciado que para España constituiría "una catástrofe de proporciones bíblicas" un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Además de aventar el miedo, el ministro deja al descubierto la pesadilla que agita al PP: la eventualidad de que las elecciones le priven de la posibilidad de seguir gobernando.
El martes, en el Congreso de los Diputados se vivió un debate absurdo, fuera de lugar: se trataba de aprobar, innecesariamente, el rescate a Grecia. Rajoy no intervino. Las carencias democráticas del presidente del Gobierno son notorias, algunas clamorosas, como la de la Ley de Seguridad Ciudadana, la "ley mordaza", un arterfacto propio de gobiernos autoritarios con el que se busca atemorizar a los ciudadanos, impidiéndoles ejercer adecuadamente las libertades de expresión y manifestación, breándolos con multas de ejecución administrativa, sin intervención judicial. En el debate intervino el jibarizado ministro de Economía Luis de Guindos, quien, tras el fiasco de su candidatura a la presidencia del Eurogrupo, carece de crédito político. En la tribuna del Congreso se dedicó a alertar sobre el peligro de los populismos (hay que atizar a Podemnos con el arsenal disponible) dando por hecho que, en Grecia, ha sido el Gobierno de Tsipras el que ha conducido al desastre. Sobre las reiteradas mentiras y constantes engaños de los gobiernos de la derecha griega, los correligionarios del PP, silencio absoluto.
Lo chocante es que Mariano Rajoy fuerce el debate del martes sobre un rescate que a los ciudadanos españoles les supondrá el desembolso de 10.000 millones de euros y haya impedido de mala manera el del sistema financiero español, unos 80 mil millones de euros. Ese "crédito en condiciones ventajosas" del que el presidente del Gobierno alardeó en su día.
Las razones por las que el Gobierno decide aprobar los Presupuestos Generales antes de disolver las Cortes, hacia mediados o finales de octubre, y convocar elecciones son, según quien haga el análisis, contradictorias. El PP aduce que lo hace por responsabilidad. La endeblez del argumento es obvia. Los aprobará porque colige que la próxima legislatura será complicadísima, lo que lleva a Mariano Rajoy a aferrarse a la eventualidad de que podrá seguir gobernando en minoría o en coalición, con lo que si ya tiene los Presupuestos aprobados le será más fácil llegar a acuerdos sin ofrecer demasiado a cambio. Nada muy distinto a lo que ha hecho en Andalucía Susana Díaz, quien rompió con IU después de aprobar sus cuentas públicas. El pacto con Ciudadanos no le está resultando muy oneroso, más allá de haberse desembarazado de Cháves y Griñán, en el fondo un gran alivio.
Rajoy y su nuevo estratega de cabecera, Jorge Moragas, sucesor de Arriola, parecen haber soslayado lo que apuntan las encuestas: ni tan siquiera dos partidos serán suficientes para obtener la mayoría parlamentaria que permita formar gobierno. Aparentemente tampoco entran a considerar que el PP, más allá de Ciudadanos, carecerá de socios con los que llegar a la mayoría. No descartemos que el partido de Albert Rivera nada quiera saber de Rajoy, que exija su decapitación para negociar una eventual mayoría, que, hay que insistir en el dato, ahora no la ofrecen las encuestas.
No sorprende que con todo ello, en el Gobierno se respire inquietud a raudales. Es altamente probable que Mariano Rajoy sea presidente de un solo mandato. El primero desde la Transición, porque el episódico Leopoldo Calvo Sotelo, quien sucedió a Adolfo Suárez tras el fallido golpe de Estado del 23-F, no cuenta ni tan siquiera a efectos estadísticos. La derecha española vislumbra cómo su gran temor tiene visos de materializarse: la formación de un gobierno de coalición de las izquierdas, nucleado en torno al PSOE y Podemos, aunque tampoco las encuestas les conceden los diputados suficientes para llegar a la mayoría absoluta. El PP no da con más resortes que los de invocar el miedo, el "desastre" que se cernirá sobre España si se forma una coalición de "perdedores", de la misma tesitura que la que se ha encaramado al gobierno de las principales ciudades de España: Madrid, Barcelona, Valencia y a no pocas comunidades autónomas. ¿Cómo exorcizar tan demoníaca alternativa? En eso estarán ocupados el Gobierno y el PP a lo largo del volcánico otoño que se nos prepara. Lo malo para sus pretensiones radica en que a los españoles la posibilidad de una coalición PSOE-Podemos les satisface, es la que, de largo, cuenta con mayores apoyos, según el gubernamental CIS; además, el PP no deja de enredarse en la madeja que pone en evidencia sus múltiples vergüenzas. Agosto ha visto a Fernández Díaz (qué calamidad de ministro) destrozando la credibilidad del Gobierno al recibir a Rato; ha contemplado la cascada de informaciones sobre la trama Púnica sin que Rajoy haya considerado necesario hacer una mención del caso; como remate, hasta hoy, conviene precisarlo, nos topamos con que la secretaria general del PP, la amortizada Maria Dolores de Cospedal, a la que modificar a las bravas la Ley Electoral en Castilla La Mancha le ha costado la presidencia, en nombre del Gobierno ordena a los vocales nombrados por el PP en el Tribunal de Cuentas reelegir a su presidente, Ramón Alvarez de Miranda, de connotado apellido de raigambre democristiana (de ahí que Duran Lleida se haya apresurado a respaldarlo), a pesar de las constatadas acusaciones de nepotismo que han dejado por los suelos la credibilidad de la institución encargada de fiscalizar la financiación de los partidos políticos.
Si Mariano Rajoy llegó a creerse que con la baza de la recuperación económica le bastaría para seguir gobernando está a un paso de comprobar que no será así. Las elecciones dilucidarán otras cuestiones que jamás han habitado la mente del presidente del Gobierno.
