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Llorenç Riera

Preferencias por el funcionario político

No corren buenos tiempos para el funcionario de carrera. El trabajador público que accede a su plaza mediante oposición y procura cumplir con profesionalidad y rigor su función -los hay, pese a la mala fama del gremio- va quedando arrinconado poco a poco y se siente infravalorado como consecuencia de las preferencias y simpatías de los gobernantes hacia el funcionario de adscripción política y obediencia ciega. Ocurre cuando la competencia profesional, compatible con todas las ideologías, muta en mero servilismo.

Basta mirar lo que ha estado ocurriendo en los últimos días a cuenta de algunos nombramientos de asesores y cargos de confianza del Govern Armengol. No es ninguna novedad. Siempre se ha hecho igual. Pero el problema se agrava a medida que pasa el tiempo, de la misma manera que lo hace, para poner un ejemplo de actualidad, la sostenibilidad económica de la Comunidad.

Por los escapes del abuso de puestos de libre designación se ha filtrado el polémico y discriminatorio "Nivel 33" y ahora llega la consolidación de los puestos designados por unos y que los otros no pueden modificar de adjudicatario. Ocurre de forma preferente con los jefes de departamento y servicio de las consellerias. Ni la ley de Función Pública de Balears puede resistir algunos de sus propios postulados. Varios de sus artículos provocan cortocircuito de enchufismo y renta política.

Como todo Govern que se ha preciado, el Ejecutivo Armengol ha querido crear puestos de libre designación de su devoción y preferencia. Ha topado con los tribunales y los derechos adquiridos de los perjudicados. Ya le ocurrió lo mismo, aunque en menor medida, al Govern Bauzá al suceder al anterior de Francesc Antich. Los tribunales han ido sentenciando en el sentido de que los ceses deben estar motivados. Fallan que "la decisión ha de basarse en causas y razones objetivas que aconsejan y justifican ese cese". Pasó con Lourdes Aguiló, un cargo de libre designación del PSOE que el PP quiso arrinconar por dos veces sin que los tribunales avalaran su decisión.

La actual conselleria de Hacienda ha fijado criterios que impiden cesar por las buenas a cargos de confianza del PP. A la par, el Govern anuncia que recurrirá las sentencias que le imposibilitan alejarse de esta postura y nombrar a quien considere para el lugar que le parezca oportuno. Lo han hecho todos pero ahora, en el embrollo, se pueden ir creando duplicidades más o menos camufladas. Mantener la herencia espía y cimentar el servicio propio. A nadie se le ocurre potenciar los pilares de la carrera profesional, del funcionario normal, callado y abnegado. Los políticos siempre le adelantan, tanto por la derecha como por la izquierda.

La discusión se centrará ahora en saber si la falta de confianza política sirve como razón objetiva y justificación que exigen los tribunales, pero uno se decantaría por posturas más próximas a las del STEI, esa que prima los concursos de méritos, la corrección de la ley de la Función Pública y el abandono de las prácticas abusivas de digitación. La Administración se robustecería con ello.

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