La anormalidad laboral que se da por supuesta en Balears es alta hasta el extremo de obligar a revestir de carácter extraordinario las operaciones que se emprenden para contrarrestarla. Es lo mismo que decir que las inspecciones de trabajo, en este archipiélago en el que todo funciona por temporadas, no pueden mantener la condición rutinaria y quizás apática que las ha caracterizado hasta ahora. La contemplación somera del panorama económico y su contraste con la realidad laboral y social, permite sostener que hay una clara disfunción entre los datos oficiales que la Administración divulga y los reales que nadie controla ni conoce. Algo se debía hacer.
Ayer comenzó la campaña, casi un peinado, de inspecciones de trabajo que tanto ha divulgado el Govern. Ha hecho de ella anuncio institucional y cuña publicitaria. Quien reciba la visita de un inspector en el taller o en la cocina del restaurante y se vea afectado por la sorpresa, podrá ingresar en la nómina de grandes despistados. Los 48 inspectores de Balears, reforzados con otros 32 llegados expresamente de la península, abandonan estos días su anonimato habitual para adquirir el máximo de protagonismo público que les permite su labor. El Govern dirá cada día qué han hecho y cuánto fraude han hallado. De las 1.300 actuaciones previstas en las islas durante los próximos 15 días, 650 de ellas se concentrarán en Mallorca.
Tal difusión responde, probablemente, al efecto disuasorio que el conseller Iago Negueruela insisten en dar a una de las primeras grandes operaciones que emprende el Govern Armengol. Avisa del peligro al que se exponen los defraudadores con la esperanza de alcanzar el efecto disuasorio deseado y, por tanto, quienes están en la cuneta de la normativa acudan a regularizarse. Buena parte de los objetivos trazados se concentran en la reconversión del exceso de empleo temporal en los servicios y la hostelería en contratos indefinidos y fijos discontinuos. Según los expertos, están habilitados los instrumentos legales para que, en expresión del conseller, estos pasos puedan darse en "el plazo más breve de tiempo posible". También, por supuesto, existe un claro efecto recaudador con cantidades en juego que no dejan indiferente a nadie. Los cálculos realizados indican que, con acumulación de irregularidades, se puede llegar al caso extremo de imponer multas de hasta 187.500 euros. En la franja inferior, las sanciones van entre 600 y 6.000 euros.
En las 19.000 inspecciones realizadas el año pasado en Balears se hallaron una dos mil irregularidades que se transformaron en una recaudación de 7,9 millones. Todo esta enlazado, disuasión, revisión y sanción. Todo junto, añadido a las cantidades indicadas, pone de manifiesto que existen grandes disfunciones en el seno del mercado laboral. Por lo menos las suficientes para justificar la campaña que se está desplegando estos días y que deberá tener necesaria continuidad a la vista de los defectos y la rutina que se vienen arrestando desde hace tiempo. No hacerlo significaría lanzar el mensaje de que se ha vuelto a dejar abierta la puerta de las actuaciones fuera de norma.
