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Puerta giratoria

Eduardo Torres Dulce, exfiscal general del Estado, en el cargo hasta el pasado 19 de diciembre, ha sido autorizado por el Gobierno a incorporarse al despacho de abogados Garrigues mucho antes de que se haya cumplido el plazo de dos años de incompatibilidad impuesto por la ley vigente. Según la versión más extendida, Torres Dulce se marchó de la cúpula de la fiscalía porque su independencia insobornable frente al poder político le generaba incomodidades que no fue capaz de soportar. Por ello, sorprende ahora la ligereza del personaje, que no tiene empacho en cruzar la puerta giratoria ocho meses después, ante el estupor de la opinión pública y el malestar de los propios fiscales. Quien acusaba, se dedicará a partir de ahora a defender. Antiestética mudanza.

En efecto, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), mayoritaria en la carrera, ha calificado de "enormemente preocupante" tal autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del Gobierno, y ha recordado que quien ha ocupado un cargo tal delicado "es depositario de secretos, de aspectos fácticos de investigaciones que no deben ser conocidos, y conoce las opiniones que se vierten en la fiscalía", por lo que su paso al sector privado es inoportuno. Tampoco la Asociación Progresista de Fiscales ha reaccionado positivamente al viaje profesional de Torres Dulce. Sólo el gobierno (y el interesado, claro está) sigue ignorando que estas golferías generan la desconfianza que hoy merecen en este país las instituciones y la política convencional.

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