Muchas veces bastantes de ellas con motivo justificado el ciudadano es observado como un ser que se las ingenia hasta lo inimaginable para sortear algunas de sus responsabilidades fiscales y mantener sumergida parte de su economía. Pero también puede ocurrir al revés. En algunos casos es la propia Administración la que se hace el sueco, amparándose entre silencios y ausencias, para recaudar más y de forma más rápida. Si cuela, cuela.
Los terrenos de la ambigüedad legal y la insuficiente normalización, sobre todo en apartados de gran actividad económica, suelen ser propicios para ello. El mundo de los apartamentos turísticos está ahora mismo en ebullición plena de demanda y oferta. Acariciado por unos y temido por la competencia que le atribuyen otros, también está en el punto de mira de una Administración que no ha sabido cumplir con su responsabilidad de regularlo y normalizarlo.
Hasta ahora, los hoteleros han denunciado, la conselleria de Turismo ha sancionado y la Agencia Tributaria ha investigado y embargado con afanes de disuasión y recaudación. Pero las cosas deberán cambiar de modo significativo por imposición y regularización de la Justicia. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma acaba de dictar una sentencia en la que se resuelve que el procedimiento sancionador que ha estado aplicando la Conselleria vulnera el derecho constitucional a la defensa del demandado. No se rebate la ilegalidad de algunos alquileres turísticos la normativa balear sólo admite los unifamiliares sino que se anula el método utilizado para perseguir al infractor.
Resulta que la conselleria de Turismo ha tenido por costumbre notificar sus multas en el piso alquilado en vez de en el domicilio del propietario. La notificación siempre llegaba fuera de temporada, con el apartamento cerrado y la callada por respuesta. Después ha venido la publicación en el BOCAIB y por último el embargo de la Agencia Tributaria que, ésta sí, daba con el domicilio real del propietario. Ha ocurrido en una época en la que los procedimientos sancionadores se han multiplicado por siete.
Una demanda planteada por un matrimonio de jubilados permite al juez aclarar que se ha estado vulnerando el elemental derecho a la defensa y obligará a la conselleria de Turismo, como reconoce ella misma, a modificar sus protocolos de actuación sancionadora. El cambio de actuación llegará en un momento en que Hacienda intenta detectar los alquileres turísticos que no tributan y cuando la patronal del sector eleva su queja por el seguimiento que se está haciendo a la oferta de estos alojamientos que se canalizan a través de internet. Dicen que no tienen mucho sentido hacerlo cuando, se asegura, está próxima la regulación integra del sector.
