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Antonio Papell

El caso Rato: ¿histeria política?

Este viernes, el ministro del Interior comparecerá a primera hora de la mañana ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la entrevista oficial aunque calificada de "personal", tuvo lugar en su despacho del Departamento que mantuvo con Rodrigo Rato. Fuentes de Moncloa se han ocupado de divulgar que esta comparecencia ha sido instada por Rajoy, quien no acaba de entender las razones del ministro catalán y en todo caso no quiere que el asunto le estalle en las manos a escasas semanas de las elecciones autonómicas/plebiscitarias de Cataluña.

Poco antes de que se conociera esta comparecencia, el portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Francisco Márquez, aseguró con poco tino que la polémica que se ha generado a raíz de tal reunión responde a la "pseudo-histeria en la que algunos partidos políticos ya han entrado con la cercanía" de las próximas elecciones generales.

Esta falta de tacto, que demuestra una errónea valoración del incidente, agrava el caso ya que todo indica que en el entorno de Fernández Díaz no se ha valorado la trascendencia de lo ocurrido, al borde de unas elecciones vitales y cuando el PP, a la hora de los recuentos, aparece envuelto por los cuatro costados en innumerables episodios de corrupción que resultan en conjunto altamente comprometedores y que pueden tener una incidencia electoral muy seria para la formación gubernamental. Por añadidura, Rato ha complicado las cosas a Fernández Díaz al declarar que ambos hablaron "de muchos temas, como de Cataluña y otras cuestiones, además de todo lo que me está pasando". Con anterioridad, Fernández Díaz había manifestado con rotundidad en una nota que una de las condiciones para que se produjera la entrevista, que habría versado sobre cuestiones privadas, era que no se abordase la situación procesal del propio Rato.

Rato lleva cuarenta años en política, siempre en la misma zona ideológica, y es comprensible que haya forjado amistades personales capaces de sobreponerse a las acusaciones de delitos económicos que pesan sobre el exvicepresidente del Gobierno con Aznar. Pero en un Estado de Derecho todos somos iguales ante la ley, por lo que no es concebible que quien es señalado como delincuente tenga acceso al despacho oficial del jefe máximo de la policía. Tampoco es tan difícil de entender.

En esta incomprensión está implícita cierta tibieza con la corrupción que es sin duda la causa de que el PP, que ha perdido cerca de quince puntos porcentuales de su electorado desde las pasadas elecciones generales, no termine de recuperar a los disidentes ni esté en vías de ello. Porque lo sucedido es de una gravedad extrema: se han formado verdaderas mafias ante los ojos de los dirigentes populares, sin que éstos encontraran nada sospechoso en la conducta de sus directos colaboradores. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nadie advirtiera que Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y consejero de la Presidencia de la comunidad autónoma, estaba amasando una colosal fortuna en connivencia con empresarios desaprensivos y con alcaldes venales? ¿Cómo puede explicarse que Bárcenas se hiciera multimillonario hasta la náusea desde el cargo de tesorero del PP, codeándose a diario con toda la cúpula popular?

Con estos antecedentes, el PP debe ser muy cuidadoso con la corrupción. Y Fernández Díaz no lo ha entendido así. La irritación popular, mediática y política ante este encuentro absurdo no es fruto de ninguna histeria sino de la propia sinrazón de confraternizar con un conmilitón que, por sus propios errores, se ha situado fuera de la ley.

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