Los presupuestos generales del Estado para 2016 tampoco van a constituir el instrumento capaz de normalizar las aportaciones económicas y las inversiones del Estado en Balears. El Gobierno lo ha querido así y ha impuesto su criterio, a todas luces injusto, por mucho que se intente aparentar lo contrario y se diga que este archipiélago sea una de las comunidades que más incrementada ve la aportación del Estado.

Esta afirmación tiene escaso sentido cuando se parte de niveles bajísimos. El 9% de crecimiento en inversiones del Estado para 2016 sigue dejando a estas islas en la cola de España. Son sólo 13,3 millones más para situarse en 159 millones y que apenas superan su nivel simbólico en un lugar que, solo en materia aeroportuaria, aporta un beneficio anual de 250 millones a las arcas del Estado y, en contraprestación recibirá 64,8 para esta área. Y eso con el veto a integrarse en la gestión de sus aeropuertos territoriales.

Además, hay que tener en cuenta, como indica la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, que los 159 millones de inversión prometidos por el ministro Montoro, al final, no serán tantos, porque nunca se acaban ejecutando todos los proyectos anunciados. El año próximo se invertirá preferentemente en depuradoras, una vieja reivindicación que, ahora si, se convierte en realidad en una Comunidad que también tiene déficits estructurales en el abastecimiento de agua potable. Basta mirar lo que ocurre este verano en Eivissa. Por injusto y asombroso que sea, se sigue infligiendo a Balears el castigo de no poder alcanzar la media de financiación autonómica. Eso, sin hablar de la insularidad. Nada se sabe de los fondos estatutarios. Mariano Rajoy habrá necesitado, con la tolerancia del Govern Bauzá, toda una legislatura para destinar a este archipiélago lo mismo que Aznar o Zapatero le ingresaban en un solo año. El trato fiscal del Estado es del todo discriminatorio con Balears.

El viernes se anunció que el presidente del Gobierno recibirá a la presidenta Armengol en La Moncloa el 2 de septiembre para hablar de financiación y de algunas inversiones concretas. El anuncio llegó después de reiteradas peticiones y el mismo día en que Rajoy fue recibido por Felipe VI en Marivent, con la consiguiente comparecencia posterior ante los periodistas. Sabía que se lo iban a preguntar porque, entre otras cosas, la presidenta había hecho públicas sus constantes solicitudes de audiencia. Es por tanto una reacción de posición política que, de momento, no lleva incorporada la garantía de la voluntad de mejorar la financiación autonómica. O de pagar los 1.300 millones de inversiones estatutarias que se adeudan.

Ni siquiera se ha logrado reunir a la Comisión Mixta de Economía. Los avances obtenidos, caso de serlo, se antojan de contenido ligero y simbólico, por lo que habrá que seguir trabajando con insistencia en el logro de una financiación pública justa y normalizada para Balears. Los responsables de las instituciones, la oposición política y los agentes sociales deben tener en cuenta que la unidad de acción es fundamental en este sentido.