El titular de apertura del principal periódico catalán al día siguiente de la presentación por Montoro del proyecto de presupuestos para 2016, era éste: "Crece un 10% la inversión en Catalunya pero no llega aún al PIB". Ya en el interior, en páginas económicas, el titular a cinco columnas, errores sintácticos incluidos, era: "La inversión en Catalunya crece un 10%, pero es menor a su peso en el PIB". Con ese subtítulo: "Mas califica los presupuestos de 'desprecio sistemático' hacia la comunidad".
En un Estado compuesto, se podrá debatir el sistema de reparto de la inversión pública pero no es decente efectuar esta clase de simplificaciones, que tienen como único objetivo enfatizar un supuesto agravio establecido a priori y que hay que alimentar por todos los medios. Si se lee la información hasta llegar al detalle, se verá que, como es natural, no existe en la anualidad una correlación directa entre la inversión destinada a cada comunidad y su peso demográfico o su participación en el PIB. En el proyecto en cuestión, la inversión en Cataluña crecería el 10% y representaría el 10,7% del total, cuando el PIB catalán es el 19,8% del PIB español, eso es indiscutible. Pero el agravio no existe si se observa que la inversión se comporta de forma muy irregular porque depende de los proyectos en curso el AVE representa la mitad de la inversión pública, y lógicamente sólo afecta a algunas comunidades en ese año y no admite un tratamiento tan particularizado. Veamos algunos ejemplos: según los referidos presupuestos, la inversión en 2016 crecería el 23,4% en Euskadi, el 15,1% en Balears o el 3,9% en Madrid, y descendería el 7% en Andalucía, el 16,8% en Castilla y León o el 22,2% en Murcia? ¿Hay que concluir de estas cifras que ese "desprecio sistemático" se extiende a otras comunidades, en tanto algunas otras recibirían un vergonzante trato de favor? Cualquier análisis territorializado de inversión pública sólo es racional si se realiza a lo largo de un periodo plurianual. Y limitarlo a un año es hacer populismo. Simplemente.
Dicho esto, resulta evidente que el sistema de financiación autonómica, la LOFCA, revisado periódicamente, además de producir efectos insatisfactorios, es demasiado opaco y confuso para que pueda ser sometido a un escrutinio democrático inteligible. Los primeros intentos de describir el agravio catalán, que como ahora fueron promovidos con una clara intencionalidad política previa, versaron sobre las balanzas fiscales, y también resultaron inescrutables. Por ello, y para evitar la manipulación de la diferencia, hay que ir claramente a un modelo de financiación federal, en que cada ente federado recaude y gaste sus propios recursos, en tanto la federación administra también otros caudales obtenidos de sus propios impuestos con criterios de totalidad y equidad.
Mientras estas reformas no se materialicen, la distribución de los recursos disponibles ha de hacerse con arreglo a las leyes y mediante criterios de buena fe. Y eso es lo que se ha hecho con respecto a Cataluña en las últimas décadas, en las que puede haber habido ocasionalmente falta de sensibilidad pero no malevolencia. Ni siquiera para los nacionalistas más conspicuos es realmente creíble que haya habido o que haya aún una conspiración contra Cataluña en las filas de la mayoría gubernamental o, peor aún, en las estancias del poder madrileño donde cohabitan los grandes partidos. Por ello, es indignante la conducta maliciosa de algunos medios que contribuyen a recalentar el incendio con análisis de dudosa intención. Aunque a buen seguro la madura sociedad catalana es perfectamente capaz de distinguir el grano de la paja.
