La ocupación en negro y los contratos tapadera que esconden la realidad del verdadero mercado de trabajo, hace tiempo que planean sobre la economía de Balears. También sobre la subsistencia cotidiana de muchas personas. Es un fenómeno que se acentúa en verano y se concentra sobre el turismo y los servicios. ¿Cuánto hay de realidad y de bulo en todo ello? En principio, ni las cifras ni los comportamientos cuadran porque, con ocupaciones hoteleras hasta la bandera y alquileres turísticos por doquier, no hay modo de justificar que 9 de cada 10 contratos sean temporales, que muchos de ellos sólo alcancen las 2 horas y que los asalariados con dificultades para llegar a fin de mes no constituyan una excepción.
En su discurso de investidura, la presidenta Armengol ya anunció el establecimiento de un plan de choque para luchar contra el fraude laboral. Se ha puesto manos a la obra de forma inmediata y ha conseguido en ello la complicidad de los agentes sociales, las principales patronales y los sindicatos. Una prueba más de que la problemática se ha vuelto mayúscula.
Francina Armengol compareció ayer junto a su conseller de Trabajo, Iago Negueruela, para anunciar que a partir del próximo día 17 se va a desplegar una intensa campaña de 6 semanas de duración en contra del fraude laboral. Enseñó las orejas del lobo que, al parecer, buena falta hace. El mensaje está claro: quienes trabajan o contratan de modo anormal, tienen 10 días par regularizarse antes de que el inspector de turno llame a su puerta. Para activar la ofensiva anunciada, la plantilla de los 48 inspectores de trabajo existentes en Balears recibirá el refuerzo de otros 32 llegados de la península. El Govern se hará cargo de su traslado, alojamiento y manutención. Ha fijado 200.000 euros para ello. La nómina seguirá corriendo a cargo del ministerio de Trabajo. El plan consiste en realizar 1.300 controles en el periodo establecido dirigidos de forma especial a las empresas con alto volumen de contrato temporal y a tiempo parcial.
Aparte de los efectos corrector y disuasorio, la campaña también repercute en beneficio de las empresas y trabajadores que ajustan sus contratos a la realidad porque, de este modo, se aborta la competencia desleal que puede suponer el salario en negro. A partir de este punto se entiende mejor y se justifica la complicidad de las patronales y de los sindicatos.
Se trata, en pocas palabras, de recuperar las condiciones laborales y salariales dignas y al tiempo mejorar la productividad y las nóminas acordes con la realidad del tiempo trabajado. De paso, también la competitividad.
El conseller Negueruela se ha quejado de que las multas posibles, de entre 600 y 6.000 euros, aparte de otros tipos de sanciones para el caso de fraude laboral, son bajas y no tienen el efecto disuasorio deseado. Ahora empieza la gran campaña pero será imprescindible, cómo al parecer está previsto, que se establezca la continuidad de seguimientos posteriores y una planificación normalizada de inspecciones laborales para 2016. No se puede olvidar que en tiempo de crisis la picaresca tiene el terreno abonado.
