La incapacidad de diálogo y consenso sobre los grandes temas, esos que los políticos acostumbran a llamar "de Estado", pero que manosean igual que si fueran vulgaridades, tiene estas cosas. Balears padece desde hace lustros una considerable inseguridad jurídica en todo lo que afecta a la ordenación del territorio y el turismo. Resulta particularmente grave en un espacio insular. A lo sumo, la norma tiene una efectividad práctica de cuatro años, hasta que llega el siguiente y la vuelve a modificar.
Habrá que admitir de una vez por todas que estos comportamientos asientan la estructuración de la precariedad. Eso, de forma independiente a lo adecuado o inadecuado de la alteración de la norma que se halla en vigor en el momento en que el relevo toma el gobierno. Se ha adquirido el vicio de legislar a sabiendas de que el nuevo articulado tiene los días contados. Habremos dado un paso de gigante el día, quizás inalcanzable, en que unos y otros asuman que aquí, todo lo relacionado con territorio y turismo, debe tener unos cimientos inamovibles capaces de ser asumidos por todos. El aspecto político de cada sigla y el detalle particular del planteamiento ideológico debe estar en el despliegue posterior de la norma. Ahí radicará la grandeza y el mérito del buen gobernante.
Los acuerdos de gobernabilidad suscritos entre PSOE, Més y Podemos señalan, a grandes rasgos, que se modificarán los apartados "más desregularizadores" de las leyes que el Govern remitió al Parlament para su cómoda aprobación. Son las grandes cuestiones urbanísticas, que afectan básicamente al turismo y que se concretan en las leyes del Suelo, Agraria y de Turismo. El Govern Armengol tiene por objetivo inmediato vetar el aspecto expansivo que el Ejecutivo Bauzá había dado a estas normas esenciales. De este modo cambiará por completo el concepto de "interés autonómico" y bajo su amparo ya no podrán cobijarse macroproyectos hoteleros como el de sa Ràpita ni grandes complejos temáticos. Los hoteles tampoco podrán invadir el espacio rústico. Era, es todavía, una especie de urbanismo a la carta que llega a fiar los complejos hoteleros al aval de arquitectos y artistas de prestigio pero, precisamente por eso y porque remitía al descontrol de los años 70, también había obtenido el rechazo del Colegio de Arquitectos y de un segmento considerable de la sociedad.
La ley del Suelo, casi más conocida como Ley Company, igualmente sufrirá un vuelco considerable. Se la considera el pretexto para legalizar las grandes urbanizaciones dando por sentado que lo hecho, hecho está y por tanto, el territorio trasformado resulta legalizable. Las 1.500 hectáreas que se desclasificaron en 2008 son ahora susceptibles de volver a esta posición inicial. Vista la jurisprudencia establecida por los tribunales, la amenaza de indemnización millonaria ya no justifica la tolerancia. Por lo que respecta a la ley Agraria, el objetivo es evitar que sea el gran portal para todo tipo de comercio en fora vila. Es la corrección permanente.
