Igual que si fueran todos primerizos en eso de la responsabilidad política y la gestión pública. La alternancia entre gobiernos del PP y pactos de izquierdas debería haber aportado experiencia sobrada para no caer en determinadas novatadas y sacudirse el miedo a hablar alto y claro ante el ciudadano.
Habíamos entendido que actuarían con lealtad y transparencia ante sí mismos, los socios de gobierno y la opinión pública. Sin embargo, varias de las primeras actuaciones adoptadas permiten albergar dudas. Saltan algunos errores de bulto.
Por si no bastara la falta de estética que comporta el nombramiento de Juli Fuster como director gerente del Ib-Salut por parte de su pareja consellera, ahora nos enteramos de un revuelo en ángulo diferente. El vicepresidente Barceló decidió asignar la secretaría general técnica de su macroconselleria a Irene Moyá. No es una mujer afín a Més, la coalición que encabeza Barceló, sino que está caracterizada por la sintonía sentimental y política que mantiene con Joan Simonet, el exalcalde del PP de Alaró. Lo más llamativo del caso es que todo se ha hecho con pleno conocimiento de causa y confiando en el anonimato, esperando que las cosas pudieran diluirse en Mallorca igual que en las inmensidades del océano Atlántico. Sólo la protesta doméstica ha obligado a cambiar la asignación. No está en discusión la valía profesional de Juli Fuster o Irene Moyà, sino el que una Comunidad tan vapuleada por intereses particulares y corrupciones, todavía no está en condiciones de sentar las bases para conjugar sin sospechas la política, sea afín o dispar, con sentimientos y servicio público.
Tampoco es un envite a la confianza o credibilidad que el Consell cuyos responsables se habían cansado de asegurar que dejarían de importar basuras, cuando apenas han asumido el cargo, anuncien que sustituirán los residuos sólidos que llegan de Irlanda y Nápoles por equivalentes más próximos de Eivissa y Menorca. Agrupando basuras también se crea sentimiento balear. La modificación del Plan Director de Residuos que se anuncia puede responder a la lógica, vistos los numerosos condicionantes que obran de por medio, pero no es menos cierto que podía haberse incorporado con claridad y detalle al programa electoral de Més. El votante ya es adulto por mucho que les pese a algunos dirigentes políticos excedidos de miedo y secretismo.
La Unión Europea tiene el ojo puesto sobre el tránsito interno y externo de basura del archipiélago y los vertederos que todavía permanecen abiertos en Eivissa y Menorca. Las ayudas comunitarias de los fondos Federer para asuntos medioambientales penden de la deficiencia y provisionalidad de la situación. El año 2018 es la fecha tope para acabar con los vertederos. En consecuencia, el Consell de Mallorca ha hallado en Eivissa y Menorca la coartada perfecta para dar la espalda a la basura extranjera y no verse obligado a incrementar la tasa de incineración. La basura vecina no huele peor, lo cual no significa, ni mucho menos, que la improvisación con que unos y otros gestionan el asunto desprenda agradables aromas de eficacia y racionalidad.
