Sabemos que la pobreza, al margen de definiciones que encasillen ese estado, que son muchas y diversas, produce un deterioro progresivo en la calidad de vida de las personas que la padecen, y que si se es víctima de este tipo de violencia durante la infancia, las repercusiones en el desarrollo futuro son importantes. Según Magdalena Sepúlveda Carmona, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, la mayoría de las personas que viven en la pobreza son niños, siendo ésta en los primeros años de vida un potente precursor de la misma en la vida adulta.

El 29 de enero de 2014, Mª Á. Fernández y J. Marcos, periodistas expertos en información internacional, publicaron en el portal euroXpress un artículo titulado "Uno de cada tres niños y niñas europeos vive en riesgo de pobreza", en el que aseguran que el porcentaje de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social en España es el octavo de la Unión Europea, sólo superado por Bulgaria, Rumanía, Hungría, Letonia, Grecia, Italia e Irlanda.

Quince meses después se mantiene la tendencia al alza, y en la actualidad los datos constatan que la pobreza en la infancia es un problema de primer orden; sin embargo, aparte del estupor, seguimos persistiendo en abordar el problema con estrategias de dudosa efectividad. Se mantiene, pues, la tendencia dirigida a paliar las consecuencias del problema sin reparar ni intervenir en las causas.

La pobreza infantil es pobreza familiar, es decir, heredada e impuesta, a todas luces una forma de violencia económica y social basada en un modelo dirigido a dificultar la cobertura de las necesidades básicas. Un modelo económico, que aplaude la desregularización de servicios básicos mediante el ideal de la eficiencia financiera, a través de la exaltación de la cultura del esfuerzo personal; y así, se generaliza el discurso, cruel, de que las personas espabilan cuando se reducen las prestaciones públicas, lo que significa depositar toda la responsabilidad de las situaciones a características personales.

Es por eso que visibilizar la pobreza infantil nos obliga a poner de manifiesto que a un importante grupo social se le priva, deliberadamente en virtud de su condición de fragilidad e indefensión, del derecho a acceder a los recursos económicos, sociales o culturales, lo que supone anteponer la tradición cultural extranormativa de los intereses neoliberales al compromiso de ajustarnos a la norma legal, que en nuestro país queda reflejada en la Constitución y en la convención de los derechos del niño.

Para el doctor Luis Ballester Brage, de la UIB, la cobertura de las necesidades sociales precisan de la organización de interacciones supeditadas a normas, donde el poder de decisión de las instituciones es decisivo en la distribución de los recursos. En España, según Save the Children, "no existe una política para abordar la pobreza infantil de manera específica", siendo las administraciones autonómicas las que incumplen sistemáticamente el deber de proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos en la infancia.

Al respecto, la responsabilidad que recae sobre las profesiones sociales, es la de actuar de forma proactiva, implicando activamente a una ciudadanía cada vez más consciente de la necesidad de afianzar la defensa de sus derechos. Y para ello, es también vital educar a los niños en el reconocimiento de estos derechos.

* Educadora social, integrante del Movimiento Socioeducativo Elauvo