La Administración Pública tiene acreditada de sobra su insolvencia sensible, una carencia que acostumbra a demostrar con periodicidad breve y demasiadas veces en el momento más inoportuno. Es lo que está ocurriendo ahora mismo, de forma incomprensible. Mucho más si se tiene en cuenta que afecta precisamente a quienes requieren mayor tutela del reconocimiento y asistencia pública. Ante determinadas cosas sólo puede actuarse teniendo en cuenta la necesidad y realidad. No hacerlo significa abonarse al fracaso o limitarse a estériles planteamientos teóricos. Algo de esto está pasando con el vuelco que se está dando, prácticamente a escondidas, a las listas de espera de personas dependientes que tienen la necesidad de entrar en una residencia pública.
En Balears hay unas 950 plazas en estas condiciones para una demanda de prácticamente el doble. Se calcula que la lista de espera que extiende hasta el millar de dependientes. Hasta ahora, el control de la demora se ha regido por estricto orden de antigüedad, lo cual ha permitido a las familias administrar los tiempos de espera. El sistema establecido por lo menos posibilitaba de este modo el control de esfuerzos y recursos. Todos sabían a qué atenerse.
Sin embargo, el Govern Bauzá, en retirada lo está tanto que ni siquiera puede dar explicaciones se despide modificando los criterios de la Ley de Dependencia. Nadie sabe muy bien porqué. Ni siquiera alcanzan a adivinarlo los técnicos. Incluso es posible que se haya hecho de forma involuntaria, por pura inercia. Pensar que se ha obrado con intencionalidad política, para dejar un desbarajuste a quien venga detrás, sería muy grave. Pero todo es posible porque se ha desbaratado un criterio del último Pacto de Progrés que el PP ha dado por bueno y utilizado a lo largo de los últimos cuatro años. ¿Por qué lo revuelve ahora?
La Ley de Dependencia del Gobierno Zapatero estableció en 2006 que la entrada de personas asistidas en residencias públicas se haría priorizando el grado de dependencia. A mayor carencia de autonomía personal, menos tiempo de espera. Por contra, en 2013, desde la conselleria de Bienestar Social de Fina Santiago se optó por priorizar la antigüedad porque de este modo se mesuraba también el esfuerzo y la complicidad o vinculación familiar del entorno del dependiente. Ahora se vuelve a los orígenes, con el vuelco que ello comporta para las listas de espera. Los afectados todavía no saben que deberán modificar sus planes.
Los técnicos de servicios sociales que trabajan en cuestiones de dependencia reclaman mayor rigor de actuación. Se muestran desconcertados. Aseguran que con las modificaciones introducidas se vulneran los principios de "equidad, justicia y transparencia" que debe ordenar las actuaciones de todo servidor público. La Administración no tiene por costumbre dar sorpresas agradables. En este caso opta por trastocar muchas previsiones y estructuras familiares, lo hace sin previo aviso y sin molestarse a explicar las causas que le han llevado a ello. Es un modo de obrar poco elegante en un asunto de gravedad superior al mero efecto estético.
