La función del periodismo debe ser tocar las narices al gobierno, sea del color que sea. Ésta podría ser bien la máxima que guiaría a la profesión periodística entendida como contrapoder. Dentro de los menesteres de la prensa entraría así el de fiscalizar la acción del ejecutivo, dando a conocer a la ciudadanía los aspectos relevantes, que la ayuden a discernir y a tomar las decisiones adecuadas para el mantenimiento de la salud democrática. No sólo a la ciudadanía, también a la Fiscalía; y no únicamente al gobierno, sino a quienes aspiran a llegar a él. El poder teme a la prensa, más allá de que aquello que publique sea verdad, porque crea y agita la opinión. También porque puede sacar a relucir cuestiones que muchos desearían mantener ocultas. No en vano George Orwell definía el periodismo como "publicar lo que alguien no quiere que publiques, todo lo demás son relaciones públicas".
Sin embargo, no son pocos los intelectuales que nos alertan de que el periodismo no puede estar, a priori, en contra de ningún gobierno democráticamente elegido. Si todo lo hace mal se presupone la idiotez en la mayoría de los votantes. No debe admitirse que los mismos profesionales empeñados en sacar los trapos sucios de un ejecutivo ponga el mismo esmero en esconder las vergüenzas de otro cuando se produce un cambio de color político. La libertad de prensa es imprescindible para cualquier democracia, pero también lo es el ejercicio responsable del oficio. El pluralismo no puede referirse a la información; es verdadera o falsa, no plural. Lo que debe ser diversa es la opinión, la interpretación de los hechos o las soluciones que se proponen. Es imprescindible diferenciar información de opinión, pero tal vez el mayor peligro no está en quienes las mezclan de forma abrupta y descarada recientemente hemos tenido varios ejemplos en Balears ya que el ciudadano detecta el engaño. Supone una mayor amenaza para la verdadera libertad de prensa aquél que presenta como informaciones neutrales hechos trucados, si no directamente falsos.
Hace unos días, Mariano Rajoy atribuía los malos resultados electorales del PP entre otros factores al "martilleo constante de las televisiones con la corrupción". Sobre todo, por cómo la han tratado, según sus propias palabras. La primera pregunta que habría que hacerse es si los medios de comunicación han sacado de manera diferente la corrupción que afecta a los distintos partidos y si ello ha supuesto o no un castigo electoral. Y la verdad es que una recuerda portadas de periódicos y de informativos también con el caso de los ERE en Andalucía o aquí con las investigaciones que han afectado a la extinta Unió Mallorquina o a la imputación de alcaldes socialistas. Una se teme que el hecho de que los andaluces hayan reelegido por mayoría a un PSOE salpicado por las corruptelas tiene más que ver con las subvenciones que con el papel de la prensa. Sin embargo, estos comicios han cambiado un paradigma que se creía verdadero: el votante de izquierdas castiga más a sus gobiernos mientras que el de derechas es más fiel. Esta vez, el PP ha perdido la mayoría aquí y en otros de sus feudos tradicionales no porque el electorado de izquierdas haya salido a votar en masa, sino porque el suyo propio se ha quedado en casa o ha preferido otras formaciones.
Los recortes no son los únicos culpables. Probablemente, la mayoría de los ciudadanos y más los votantes populares hayan entendido que había que hacer sacrificios. Lo que resulta más difícil de digerir es apretarse el cinturón mientras sobre los que exigen esa renuncia pesa la sospecha de corrupción aprovechándose de su cargo. Más que poner el acento en cómo los medios han tratado estas malas praxis es indiscutible que el destino del dinero de todos es noticia porque interesa a sus propietarios, tal vez sería conveniente que los responsables populares se preguntaran si fueron acertadas las explicaciones de "la indemnización en diferido" de Luis Bárcenas. Puede entenderse que no llevar imputados en las listas es una forma más o menos acertada de evitar que se repitan estos comportamientos. Pero ello no exime de las responsabilidades por los errores del pasado. Los exconsejeros de obras públicas e interior del gobierno de Jaume Matas han seguido teniendo un papel destacado mientras se investiga la supuesta financiación irregular de la sede del partido en Palma y el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Sin que nadie de la cúpula popular les haya exigido una comparecencia pública para aclarar lo ocurrido. Ni haya dicho "esta boca es mía" porque se trata de mi formación. Se equivocará quien piense que la renovación necesaria pasa por un simple cambio de caras si se mantienen estas actitudes. El PSOE, después de la etapa Zapatero, ya ha agravado sus peores resultados de la historia en Balears. Si el PP no acomete un cambio verdaderamente radical, dentro de poco sólo quedará Podemos.
