El FMI es una institución mundial surgida de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, formada hoy por 188 países, cuyo papel, según sus estatutos, se reduce a "fomentar la cooperación monetaria internacional; facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional; fomentar la estabilidad cambiaria; contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial; infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos del Fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional, para acortar la duración y aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pagos".
No hace falta enfatizar el papel magnífico que el FMI ha desarrollado en esta ya larga posguerra mundial, pero sí es cada vez más llamativo el papel ideológico que pretende jugar en el ámbito concreto de la Unión Europea, donde ha adquirido una gran eminencia con la gran crisis, hasta el extremo de haber pasado a formar parte de la 'troika' que ha administrado el problema, junto a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo.
Ahora, concluida la doble recesión y reemprendido con las salvedades conocidas el camino de progreso, el FMI continúa vigilante y emite sus informes como si en Europa no hubiera pasado nada políticamente. En concreto, como si en Grecia no hubiera ganado las elecciones Syriza, en Francia el Frente Nacional no fuese la segunda fuerza del país y en España el viejo bipartidismo no hubiera sido arrasado por el surgimiento de nuevas fuerzas que han nacido precisamente para luchar contra la tremenda insensibilidad de unas instituciones supranacionales que han jugado con las magnitudes macroeconómicas, ignorando que tras cada recorte en abstracto estaba el sufrimiento muy concreto de muchas personas.
No es cosa de discutir en este momento sobre si la crisis no fue precisamente desencadenada por el comportamiento indigente y trapacero de las instituciones internacionales o sobre si hubiera podido haber otras políticas de recuperación menos dañinas para las sociedades golpeadas por la coyuntura. Lo que sí es ahora pertinente es irritarse cuando, después de haberse precarizado extraordinariamente todo el estado de bienestar en muchos países -España ente ellos, vengan los "expertos" del FMI a decirnos que todavía hace falta más copago en la sanidad y en la educación públicas, más contención salarial -cuando acabamos de experimentar la mayor devaluación salarial de la historia de este país, más y más barato despido libre y, en definitiva, menos atenciones sociales cuando hay en España cerca de 13 de millones de personas en riesgo de pobreza.
Se puede entender que el FMI insista con el énfasis que considere adecuado en la necesidad de recuperar y mantener los equilibrios presupuestarios -es decir, que cada estado mantenga una presión fiscal adecuada a los gastos; de luchar denodadamente por conseguir una mayor productividad en el trabajo; de invertir todo lo posible en formación para dar salida a un paro estructural que no se reducirá de otra manera; de estimular la inversión en I+D+i y de incrementar el tamaño de nuestras empresas para potenciar el sector exterior, etc., etc., pero no es admisible la intromisión ideológica que pretende una desregulación total de la economía, la reducción del Estado a un papel subsidiario y la laminación del Estado de bienestar a unos residuos testimoniales manteniendo apenas una caritativa beneficencia para los menos favorecidos.
