Están. Se ven a simple vista. Son objeto de deseo perseguido a través de internet o relaciones personales. Sobre todo en verano, registran un constante trasiego de ocupantes. Es la actividad humana y económica, cuantiosa pero muy difícil de cuantificar, que generan las viviendas particulares explotadas como negocio turístico boyante. Son las grandes discriminadas de la primera industria balear. Simplemente porque los primogénitos y grandes herederos del sector, los hoteleros, no las reconocen como miembros de la misma familia. Pero el parentesco consanguíneo no se elige. Es el que es y no queda otro remedio que asumirlo.
Si el pacto de gobierno entre el PSOE, Més y Podemos llega a consolidarse, los apartamentos turísticos de Balears tendrán oportunidad de abandonar la clandestinidad a la que se han visto abocados hasta ahora. El Govern Bauzá les ha negado el pan y la sal. El pacto en formación ya ha anunciado que los legalizará.
Las estimaciones actuales indican que en Balears se llegan a alquilar 40.000 viviendas para uso vacacional de las que la mitad ofrecen algún servicio que puede ser calificado de turístico. Según la patronal del sector, de ellos, 15.000 estarían dispuestos a pasar por el filtro de la legalización plena para la actividad a la que realmente son destinados. Hoy puede haber unas 60.000 plazas, -cuatro de media por vivienda- que alquilan de forma ilegal. A la fuerza, porque no hay otra opción que no sea la renuncia.
Estas cifras dan idea por sí solas del volumen de negocio en negro que se mueve por los canales de la economía subterránea. El sentido común reclama una regularización que la asociación que representa a los propietarios asume como propia y que ahora se presenta como factible a partir del momento en que el Govern en gestación cumpla con las escenas de encallamiento y enfado por la distribución de cargos y responsabilidades imprescindibles. Existen también algunos temores específicos de este apartado de los alquileres turísticos que habrá que afrontar de forma adecuada.
Uno de ellos radica en la necesidad de diálogo sin que ello comporte la renuncia a los valores y principios propios de cada uno. La experiencia demuestra que la imposición se vuelve nociva y en este caso, la imposición de los hoteleros ha sido contraproducente para los intereses generales. También habrá que entrar en el detalle de la posibilidad de que los promotores de obra nueva dediquen sus pisos vacíos a alquiler turístico. Ellos aseguran que no lo harán porque no tienen inmuebles para ello. Mientras se aclaran las cosas y se sellan los pactos, el comercio, la restauración y el ocio también expresan su deseo de que se legalice este alquiler.
