José Ramón Bauzá se ha pasado buena parte de sus cuatro años de gobierno quejándose de la deteriorada "herencia recibida". Ha llegado a ser una de las muletillas de su gestión. Incluso ha alcanzado a decir que, si su partido ha perdido quince escaños en las elecciones, ha sido en buena parte debido al lastre que le transmitió Francesc Antich. Ahora, en el epílogo de su carrera política, las palabras de Bauzá pueden volverse en su contra. En los cajones del Govern no habrá tanta pulcritud ni saneamiento contable como insinuó ayer su portavoz Núria Riera.
Bauzá ha hecho algunas cosas mal a sabiendas. Y ha querido aparentar exactamente lo contrario. Una de las más llamativas radica en la forma de despido aplicada a la hora de recortar las plantillas de funcionarios de la Administración y trabajadores de las empresas públicas. El Govern ahora en funciones quería ganar tiempo y hacer caja, aunque después, cómo esta ocurriendo, la productividad de la operación acabara siendo nula y se pagaran altos intereses por ello. Los derechos laborales y el respecto humano a los empleados importaban poco. O nada.
Los juzgados han ido confirmando una y otra vez que así ha sido. Ahora, cuando el Govern Bauzá ya está recogiendo, el Tribunal Superior de Balears le vuelve a aplicar un correctivo por despidos improcedentes. En este caso concreto afecta a cuatro trabajadores del Albergue de la Platja de Palma dependiente de la Dirección General de Juventud. Se les reconoce el derecho a percibir indemnizaciones por haber sido cesados de forma inadecuada, que en su conjunto suman 140.000 euros. Es una vulneración de la legislación laboral que por añadidura se transforma también en un modo de despilfarrar. Son hechos similares al ilegal incremento de sueldos del gabinete del president, al incremento camuflado de cargos de confianza o, cómo desveló este periódico hace pocos días, el blindaje de funcionarios afinesque ha ido haciendo el Ejecutivo ante el temor del vuelco político que se está consumando tras las elecciones. El PP quiere mantener vigías propios en la Administración que el president en retirada considera de extrema izquierda. Cuentan también que en órganos dependientes del ayuntamiento de Palma, caso de Emaya, ha acabado pasando tres cuartos de lo mismo. Se ha blindado la permanencia de determinados mandos intermedios.
Herencia por herencia, pues, todas malas. Bauzá recibió una herencia en precario pero él tampoco podrá alardear de la solvencia de sus transferencias a los sucesores. Ha acabado haciendo lo que consideraba oportuno y en demasiadas ocasiones aparentando cosas diferentes. Núria Riera dice que no habrá "facturas escondidas en los cajones" y que dejarán del orden de 200 millones en caja. No es tanto eso. Se trata también de ver el uso que se ha hecho del dinero disponible y la validez de los conceptos en que se ha gastado o dejado de gastar. No respetar los derechos de los trabajadores, tenerlos desocupados y después estar obligado a abonarles altas indemnizaciones no es una buena forma de gastar el dinero público. Falta transparencia y sinceridad sobre este apartado vital.
