¿Por qué lo que sí puede hacerse en París sigue siendo imposible en Madrid? O en cualquier ciudad española. ¿Por qué el jefe del Estado puede rendir tributo en Francia a los republicanos españoles que liberaron París de los nazis en 1944 y no hay manera de que en Madrid se reconozca a quienes defendieron la legalidad republicana contra los militares golpistas y sus aliados nazi-fascistas? El rey Felipe VI ha hecho en París lo que resulta impensable que protagonice en la capital de las Españas. Aquí los republicanos siguen sin disponer de reconocimiento institucional, del que desde la Transición nadie ha sido capaz de tributarles. Primero fue la amenaza del golpe de Estado militar, que gravitó sobre el período posterior a la dictadura. Le siguió la desidia de los sucesivos gobiernos, que dieron por sentado que la Constitución de 1978 había solventado el asunto: la bandera, la rojigualda; el himno, la Marcha Real. La herencia republicana a beneficio de inventario. No se quiso reparar en que una parte no desdeñable de la ciudadanía española íntimamente no aceptaba ni la bandera ni el himno, porque seguía guardando, y de qué manera, la memoria histórica; sí, la memoria histórica republicana. A qué extrañarse entonces de que los símbolos, que la derecha enfatiza que han de ser respetados y defendidos con la ley si falta hiciera, reciban una descomunal pitada cuando hay ocasión para ello en determinados territorios en los que el vector nacionalista tiene una fuerza considerable. La actual bandera y el actual himno, por muy constitucionales que sean, y lo son, no disponen de la unánime aceptación que sí tienen otros himnos y otras banderas. Lo mejor de la Marcha Real es que carece de letra. De tenerla, el recochineo no conocería límites.
Hiere que Felipe VI acepte homenajear a los republicanos que entraron en París, los mismos que lucharon con la República contra el franquismo, reconociéndoles su condición de defensores de la democracia, al tiempo que en las cunetas de España siguen apilándose los huesos de cientos de asesinados por los golpistas durante y después de la Guerra Civil sin que nadie haya hecho nada significativo para acabar con semejante ignomina. El alcalde de Palma, hoy en funciones, respondió en cierta ocasión que "cada partido honre a sus muertos" al ser emplazado a visitar, el uno de noviembre, el memorial que en el cementerio recuerda a los asesinados por el franquismo. Isern probablemente deseaba soslayar una incómoda controversia. Pero parece sensato que quien es el alcalde de Palma una vez al año recuerde institucionalmente con su vista al cementerio a los vecinos que fueron fusilados por no sumarse a los sublevados en julio de 1936. En lo esencial, defendían lo mismo que quienes acaban de ser honrados por Felipe VI en París. La contradicción empieza a ser de una llamativa estridencia.
España es una monarquía parlamentaria porque así lo estableció la Constitución de 1978 aprobada en referéndum. Esa es la legalidad. Pero seguimos teniendo una déficit de legalidad al menos histórica. La monarquía se instauró debido a que en 1978 no existía otra posibilidad: los militares, los generales franquistas, jamás hubieran aceptado una alternativa distinta a la del rey Juan Carlos: eran absolutamente fieles a lo dispuesto por el dictador. A los españoles de 1978 se les hurtó decidir si deseaban restaurar la monarquía o retomar una nueva legalidad republicana, heredera de la arrebatada el uno de abril de 1939 con el triunfo de los golpistas en la Guerra Civil. No fue posible en 1978 y casi cuarenta años después, habiendo abdicado el rey Juan Carlos y a punto de entrar en una zona de turbulencias políticas e institucionales que se auguran notables, nos topamos con que los actores políticos siguen sin considerar relevante plantear nada sobre el futuro de la monarquía, a pesar de que el Centro de Investigaciones Sociológicas, el gubernamental CIS, ofrece datos inquietantes, como lo es que el 20 por ciento de la población, los segmentos más jóvenes, no tienen ni la más mínima querencia hacia la fórmula monárquica ni hacia ninguna otra. Primero llega el desapego; después, la desafección y, finalmente, la demanda del cambio.
Volvamos a lo que nos ocupa: el rey, en visita oficial en Francia, no solo considera adecuado tributar un homenaje a los españoles republicanos, sino que los enaltece en presencia de la alcaldesa Hidalgo. Ahí es nada: la alcaldesa de París es de origen español. No parece muy osado discurrir que sus antecedentes familiares son nítidamente republicanos. ¿Tiene vedado el jefe del Estado ir un paso más allá? ¿Está impedido de proclamar en Madrid que los republicanos defendieron tanto en la Guerra de España como en la Segunda Guerra Mundial la democracia de la agresión nazi-fascista? Y si lo hace, ¿qué impide que se rescate a los muertos de las cunetas con el imprescindible apoyo gubernamental? ¿Es una locura demandar que el rey Felipe VI presida un acto de homenaje a Manuel Azaña, a quien también fue jefe del Estado muerto en el exilio? Tal parece que sí, que no hay forma de reconciliarnos con nuestra historia reciente. Es casi seguro que el rey, aconsejado por quien está modificando muchos de los atávicos comportamientos de la corona, que no es otra que la reina Letizia, que al final será quien salvaguardará la institución, no pondría ningún impedimento, sino que alentaría un reconocimiento oficial con todo a los republicanos, quien propugnaría que se acabe con el escarnio de las familias que siguen sin poder rescatar a sus muertos de las cunetas, en las que ya llevan casi ocho décadas, y presidiría encantado un sentido homenaje a su antecesor en la jefatura del Estado, aunque se trate de uno de los políticos españoles que más bregó por acabar con la monarquía de su bisabuelo, el rey Alfonso XIII.
Tal vez la estruendosa pitada del Nou Camp, al margen de la lamentable sobreactuación de la derecha y la ridícula, por innecesaria, comunicación socialista de respaldo al rey, sumado al obligado reconocimiento real a los republicanos que liberaron París sirvan para que se empiece a reconocer que aquí quedan algunas cuestiones por solventar, que se enteren, quienes se niegan a ver y oir nada, que las cuentas han de saldarse un día u otro. Lo del referéndum monarquía-república queda pendiente para oportunidad más propicia. 2016 está al caer.
