Primero, el presidente del Gobierno atribuyó la débacle electoral de su partido a "problemas de comunicación" con la sociedad. Después, Rajoy ha atribuido el desplome del PP al "martilleo" de los medios con la corrupción. En definitiva, diríase que el jefe del Ejecutivo cree que la culpa de que el apoyo popular del gran partido de centro-derecha de este país haya bajado al 27% es, en parte, de la poca habilidad propia para explicar los logros y, en parte, de quienes insisten en relatar los desmanes que han cometido muchos de los políticos populares en las instituciones.
Es muy opinable el papel que han desempeñado en esta legislatura los medios de comunicación, en un marco jurídico muy intervencionista por cierto. Pero el problema no parece que sea el sistema mediático sino una concatenación bochornosa e incalificable de episodios de corrupción que han afectado a docenas de cargos públicos del Partido Popular, concejales, alcaldes, presidentes de diputación, delegados del Gobierno, consejeros de comunidades autónomas, etc., etc. La secuencia de sujetos ligados a la esfera popular que están en los tribunales, en la cárcel o bajo investigación es tan larga y espectacular que la pérdida de prestigio del partido de origen es todavía escasa en proporción a la magnitud del desaguisado.
Matar (o criminalizar) al mensajero siempre es una tentación del político, pero en este caso la sola sugerencia de que los medios y no la realidad son los culpables suena sencillamente a broma de mal gusto.
