La inacción del presidente Rajoy tras el severo castigo que ha padecido la formación gubernamental en las municipales y autonómicas del pasado domingo resulta muy difícil de explicar y de entender. La pérdida de dos millones y medio de votos resta todo valor al hecho objetivo de que el PP haya ganado las elecciones.
De hecho, un periódico económico ha calculado la extrapolación de los resultados en las elecciones municipales del pasado domingo a unas hipotéticas elecciones generales. Y las operaciones matemáticas arrojan el siguiente resultado: el PP obtendría 135 escaños frente a los 186 actuales. El PSOE se quedaría con 116 representantes, seis más que en la actualidad. Podemos sería la tercera fuerza política con 16 escaños, seguida de Convergència i Unió, con 15. Ciudadanos obtendría 10 diputados. Izquierda Unida conservaría los 11 actuales. ERC tendría 10; PNV, 8; Amaiur/Bildu, 6; Compromis, 6; Coalición Canaria, 2; UPN, 2; PAR, 2; Partido Andalucista, 2; CUP, 2; y otras cuatro formaciones, uno cada una. UPyD quedaría fuera del parlamento. Evidentemente, si Podemos se hubiera presentado en todos los ayuntamientos, hubiese recolectado más sufragios, por lo que los demás partidos hubieran obtenido en realidad menos escaños que los apuntados en esta simulación.
Así las cosas, es una temeridad atribuir el desastre del PP a la "mala comunicación" del partido y no ver una clarísima hostilidad de buena parte de la ciudadanía, incluido un sector significativo de la clientela tradicional del partido gubernamental, hacia unos políticos bajo cuyo amparo se ha extendido la corrupción hasta extremos inconcebibles. El rechazo que inesperadamente ha experimentado Esperanza Aguirre, por poner un ejemplo llamativo, no ha sido el fruto de la crisis ni la consecuencia de unos ajustes mal explicados sino una derivada de la Operación Púnica, con Granados en la cárcel, y de la interminable retahíla de corruptelas que, con López Viejo a la cabeza, tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid. Todo ello ligado a una arrogancia improcedente en quien, además de llamarse a andana, pretendía dar lecciones de ética a todo el personal.
En estas circunstancias, con las minorías emergentes ingresando en las instituciones con la misión de sanearlas -y sacando a la luz, ya lo verán, nuevas corruptelas ocultas bajo las alfombras-, no tiene sentido político alguno que Rajoy se obstine en no lanzar siquiera una señal de que ha entendido la crítica acerba que está recibiendo y tiene al menos una leve disposición a enmendarse. No es cuestión de poner o no en duda la candidatura de Rajoy a las generales pero sí parecería muy pertinente que se diese por aludido y aceptase, siquiera simbólicamente, que los partidos, y también el PP, deben airearse y democratizarse internamente. El PP celebra congresos cada ¡cuatro años! y mantiene una estructura jerarquizada que es ya una reliquia en Europa.
Los barones populares, que hasta ayer mismo ocultaban por sistema sus momentos de perplejidad frente al líder, han roto el pacto de silencio y han cuestionado la estrategia de inactividad del presidente, confiado seguramente en que el tiempo pondrá en valor sus logros económicos. La andanada del castellano leonés Juan Vicente Herrera marca un punto de ruptura en que ya no es posible que Moncloa y Génova hagan como si no ocurriera nada relevante alrededor. Porque tampoco debería creer Rajoy que esa inacción le permitirá cerrar los pactos 'naturales' que sugiere el resultado electoral: Ciudadanos no entregará, por ejemplo, la Comunidad de Madrid al PP si Rajoy no mueve pieza significativamente en el campo de la regeneración política. Y la propia estabilidad política del país se pondría peligrosamente en riesgo si el PP siguiera bajando de este esmirriado 27% que hoy representa a toda la derecha democrática.
