Sin alarde, varios partidos de oposición han presentado este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de protección de la seguridad ciudadana, popularmente conocida como "ley mordaza", que Fernández Díaz ha sacado adelante entre gruesas críticas aprovechando la mayoría absoluta de su partido, el PP. Diversos aspectos de la nueva ley nos parecen sospechosos a algunos, y muy especialmente los límites al derecho de manifestación y la convalidación que hace la norma de la "devolución en caliente" de los inmigrantes sorprendidos en la frontera, sin darles oportunidad de que puedan solicitar asilo como imponen los tratados internacionales y la defensa cabal de los derechos humanos. Pues bien: la ley se someterá al contraste de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional a cargo de un selecto grupo de expertos, quizá no todo lo neutrales que deberían ser pero en todo caso personalidades de prestigio que no arriesgarían su crédito profesional a una conveniencia política. Veremos, pues, dentro de algunos años, quién tenía razón en este pleito, y ello es satisfactorio y nos proporciona una visión magnífica de la democracia de que disfrutamos. Sin embargo, cuando se trata de asuntos tan sensibles, en los que probablemente se juegue más de uno la vida, valdría quizá la pena abreviar el trámite y acordar una respuesta rápida al requerimiento. Porque los inmigrantes rechazados en la valla de la opulenta Europa no pueden esperar.
