Andalucía ha sido el primer escenario de la competición cuatripartita que habrá de desarrollarse primero en las comunidades autónomas y los entes locales, después en todo el Estado. Y lo que está ocurriendo es inquietante. Para los analistas políticos véase, por ejemplo, el artículo "El prestigio que da el 'no pacto', la ruina de todos", de Ana R. Cañil y para los ciudadanos que intuyen que algo no va bien en el nuevo modelo, que había de ser la panacea democrática tras el desacreditado bipartidismo. Celebradas las elecciones andaluzas, ganadas con un resultado indiscutible por Susana Díaz y su partido, estamos viendo cómo las nuevas formaciones comienzan a exigir una especie de "pureza de sangre", y no para pactar un gobierno conjunto, que podría entenderse, sino para dejar gobernar a quien ha sido claramente designado por el electorado (cabe legalmente, ya se sabe, repetir las elecciones, pero no parece que esta posibilidad esté pensada para casos como el que nos ocupa, en que sí existe una mayoría "suficiente").
La demora se debe lo dice todo el mundo a que nadie quiere "retratarse" antes del día 24. El pretexto es endeble desde el punto de vista ético, y sugiere una grave inconsistencia de las posiciones. Cuando un partido demora una decisión que piensa adoptar para no verse perjudicado en las urnas es que quiere embaucar a la ciudadanía (el PP, uno de los partidos de "la casta", demoró los presupuestos del Estado de 2012 hasta después de las elecciones andaluzas, ¿recuerdan?, para no dar pistas de cuál era su propuesta política). Y lo que ocurre en realidad en nuestro caso es que el voto dirigido a Podemos y a Ciudadanos no es apenas ideológico (lo que no quiere decir que el dirigido a PP y PSOE lo sea siempre) sino meramente intuitivo, dirigido a la imagen que proyecta el reclamo y no al contenido.
Tampoco los partidos "nuevos" disimulan mucho esta circunstancia: Podemos ha pasado, como alguien ha dicho atinadamente, de Gramsci a Olof Palme en cuestión de semanas, y no por alguna conversión súbita sino para aproximarse al centro, para atraer al mayor número de electores posible. ¿Para qué decir la verdad de los programas máximos habrán pensado sus estrategas y desanimar así a los más tibios, si después de todo en este país nadie cumple las promesas electorales?
La posición del "no pacto", que en el caso andaluz genera una zozobra controlada y limitada a este territorio, tendría una trascendencia desconcertante tras las elecciones autonómicas y regionales. Es evidente que, de confirmarse las previsiones de las encuestas, si se generalizara la exigencia de "pruebas de sangre" en cada municipio y comunidad autónoma en que sean necesarios los pactos para decantar un gobierno estable, el caos sería inenarrable. Porque si a Susana Díaz se le pide la expulsión de dos imputados, ¿qué exigencias se impondrían, pongamos por caso, a Esperanza Aguirre, que gobernó en medio de un gran avispero? Y si se cumple el anuncio de Albert Rivera de que está dispuesto a pactar según convenga a babor y a estribor, ¿qué clase de confusión ideológica se terminará engendrando por este medio en el conjunto de las corporaciones locales y de las autonomías? ¿Soportará la opinión pública que C's esté con unos en algunas instituciones y con otros en las demás? Y si se confirma este desarrollo, ¿qué construcción ideológica soportará semejante ambigüedad?
Ciudadanos y Podemos son hoy por hoy una esperanza de regeneración, pero si no administran bien su poder, pueden deshacerse como un azucarillo en el agua a la vista de todos y no llegar siquiera intactos a las elecciones generales.
