En España, merced al sistema electoral aprobado en los inicios de la Transición, han existido partitocracia y bipartidismo. Aunque hay interés sectario en identificar a ambos, responden a propósitos distintos. La partitocracia puede existir en sistemas electorales mayoritarios o proporcionales, su único requisito consiste en que lo que se ofrece al voto de los electores son listas confeccionadas por los partidos políticos, siendo estas listas abiertas, cerradas y/o bloqueadas (grados en la partitocracia). Una partitocracia histórica, fruto de un sistema implantado en la posguerra, bloqueado (que no posibilitaba la alternancia) y absolutamente corrupto (la Tangentópolis), fue la República Italiana. Su sistema de representación electoral era estrictamente proporcional. La partitocracia española se ha apoyado en un sistema electoral que en las provincias muy pobladas, como Madrid o Barcelona, se ha comportado como proporcional casi perfecto aun con la regla d'Hondt; en cambio en las provincias poco pobladas, Soria, Palencia, etc, debido al número mínimo de diputados por provincia, con perjuicio para los votantes de las más pobladas, se ha comportado como un sistema mayoritario.
El bipartidismo obedece a otra lógica. Nace como necesidad de superar los inconvenientes de inestabilidad o de bloqueo que produce el sistema electoral proporcional, que reproduce más o menos fielmente la estructura ideológica de la sociedad, pero que puede provocar distorsiones importantes en la configuración de los gobiernos. Eso es, en muchas ocasiones, es el partido menos votado el que decide quién gobierna. Lo hemos visto en Italia con el PSI de Craxi; en Alemania con el FDP alemán, que ha posibilitado tanto el gobierno del SPD como el de la CDU; en España con CiU, que ha facilitado gobiernos del PSOE y del PP; en Balears con UM, ha habido gobiernos del PP y de los multipartitos. El sistema proporcional genera un exceso de poder para el partido menos votado pero crucial para poder formar un gobierno con apoyo parlamentario. En el caso de España y Balears, las contrapartidas eran, en el primer caso, de compensaciones económicas (peix al cove) para Cataluña, en el nuestro, un poder exagerado para UM en las instituciones, y corrupción.
El bipartidismo tiene la ventaja de asegurar la estabilidad política y la alternancia. Las democracias más sólidas, que son las anglosajonas, disponen de sistemas mayoritarios de circunscripción unipersonal, donde el vencedor electoral copa toda la representación. Otras democracias, como la República Francesa, eligen a su presidente por sufragio universal mayoritario a doble vuelta, donde los candidatos son las personas y no los partidos. Este es el sistema favorecedor del bipartidismo que, a mi juicio, ha dado mayor prosperidad a sus naciones y al mismo tiempo ha posibilitado una democracia más participativa debido a que el elegido se debe al elector que le ha votado y no al burócrata o a la cúpula partidaria que le ha colocado en una lista. Pero existe la posibilidad de otro bipartidismo que se apoya, no en el elector, sino en la burocracia partidaria. Es el bipartidismo como resultado de la combinación del sistema de listas con el sistema mayoritario. Es la propuesta que hace casi un año propuso Rajoy ante la posibilidad de que el PP perdiera la alcaldía de numerosas capitales por la pérdida de sus mayorías absolutas por su gestión de la crisis y el hartazgo de una corrupción generalizada: que el alcalde fuera el de la lista más votada. Se desechó la idea por la necesidad de primar la lista ganadora para evitar unos plenos en manos de la oposición, a lo que se oponía el PSOE, y por el monopolio de los nacionalistas en estos cargos en Cataluña y País Vasco.
Ahora, ante las dificultades de Susana Díaz para ser elegida presidenta de la Junta de Andalucía, ésta acaba de pedir la reforma de la ley electoral para implantar una segunda vuelta electoral que permita gobernar al partido más votado. Díaz, que rechazó la propuesta del PP de que gobernara el partido más votado en las elecciones autonómicas y municipales, por temer que el saldo fuera favorable al PP en las capitales de provincia, y ahora se lamenta que el PP vote en contra de su investidura, junto a IU, Podemos y Ciudadanos, echa en cara al resto de partidos su supuesta irresponsabilidad política para, como mínimo, abstenerse y posibilitar así su elección. El PSOE por boca de la responsable municipal de su ejecutiva, Adriana Lastra, acaba de aceptar el sistema de doble vuelta francés para las municipales, pero duda del mismo para las autonómicas; rechaza la posibilidad de un modelo en el que gobierne automáticamente la lista más votada. Doble vuelta, pero no de candidatos, sino de listas, es decir, no queríais caldo, pues tomad dos tazas, más partitocracia.
En suma, de lo que se trata es de que a medida que los ciudadanos van retirando su confianza al PP y al PSOE y, según las encuestas, van otorgándosela a Podemos y Ciudadanos, aquéllos, alarmados por la pérdida del poder casi absoluto que la aplicación del sistema les ha otorgado, para poder continuar ejerciéndolo y seguir manteniendo los cargos públicos para sus decenas de miles de militantes, están decididos a cambiar el sistema. Así de simple. Si el sistema que nos ha beneficiado desde hace cuarenta años, y que hemos glosado en tantísimas ocasiones por su estabilidad y su alternancia, nos va a perjudicar, pues lo cambiamos para poder seguir usufructuando el poder. El sistema ya ha dejado de ser excelente en la medida que los de siempre corremos el riesgo de ser desalojados de un poder compartido y turnante. Obvian que si el sistema que tanto les ha favorecido empieza a dejar de hacerlo no es por casualidad ni por el arte de birlibirloque, sino porque el sistema se ha revelado como absolutamente corrupto, amparador de sinvergüenzas e incompetentes y ha llevado al país a una ruina desconocida por generaciones. Obvian que los nuevos partidos no han nacido y crecido por generación espontánea, sino impulsados por un número creciente de ciudadanos que no se resignan a seguir viviendo en el mejor de los sistemas posibles para unas élites extractivas que han concentrado la riqueza y depauperado al resto del país. Al modo de los sinvergüenzas que después de expoliar las cajas de ahorro blindaron sus cargos frente al despido con multimillonarias indemnizaciones, la partitocracia del PP y del PSOE quiere blindarse para que ni el voto de los partidos emergentes (aspirantes a incorporarse a la partitocracia o a sustituirles en ella) les pueda obligar a dar o compartir el poder. Ni unos ni otros, ni PP y PSOE ni Podemos ni Ciudadanos están dispuestos a darlo a quienes nunca lo han tenido: los ciudadanos.
