La cascada de acontencimientos comprometedores y palabras incriminatorias se precipita sobre el PP de Balears y su campaña electoral que debe sacar a flote el conseller Marí. Después de lo oído en la comisión parlamentaria de Son Espases y sobre todo, lo confirmado y desvelado anteayer por Javier Rodrigo de Santos ante el juez Castro, en el sentido de que el PP de la época Matas exigía una comisión del 3% a los concesionarios de las grandes obras 0 que reclamó una donación de 9 millones a los pujantes del hospital de referencia, las cosas no pueden quedar igual. Se impone una reacción inmediata, aunque sólo sea por mera cuestión de decencia.
No se ha hecho esperar. Los hechos y el momento resultan especialmente graves. Ha surgido de inmediato, desde dos vertientes distintas y nada confluyentes. También conviene que así sea. En el terreno judicial, las decisiones adoptadas por el magistrado Castro, se antojan de mero manual, consecuentes con una instrucción formal. En el terreno político resulta mucho menos congruente y escasamente creíble que el PP de hoy siga diciendo que no sabe nada del PP de ayer. Por esta vía podríamos llegar a la demoledora conclusión de que quien no es capaz de gobernar la casa propia tampoco está habilitado para gestionar la de todos o, lo que es lo mismo, la doble moral contable invalida la solvencia y fiabilidad en la salvaguarda de los intereses y bienes generales. El PP está cayendo en sus propias trampas. El arrinconamiento al que le lleva la sucesión de acontecimientos incriminatorios contra él está distorsionando su visión de la realidad y acentúa su miedo a las urnas.
Con las declaraciones de Rodrigo de Santos sobre la mesa, el juez imputa ahora al empresario Antonio Pinal, el hombre señalado por haber financiado en negro la sede palmesana del PP y elabora una nueva lista de testigos de peso. En ella figuran Maria Umbert, Sergio Bertrán y Luis Bárcenas, el extesorero que ya no se sorprende de nada cuando le mentan amaños vinculados a Son Espases y las personas señaladas como intermediarios en el trasiego de comisiones. El juez ha solicitado también al Govern que certifique los contratos públicos adjudicados a Brues y Fernández, o bien Bruesa, entre 2003 y 2007. Las acreditaciones documentales deben suceder, en buena lógica, a las deposiciones verbales.
De forma paralela, la consellera de Obras Públicas de Matas y ahora portavoz del partido asegura que "no tiene ni idea" de cuanto se hacia en la época y escenifica la "repugnancia, indignación y vergüenza" que siente el PP actual. Confirma, eso si, la exigencia del trabajo realizado. Es una solvencia que a ella misma le llevó a impulsar el metro inundable y desautorizado ahora, por innecesario y caro, por auditores neutrales. Por supuesto, en medio de todo ello emerge la oposición. El PSOE sostiene que Bauzá está tapando a Matas y Més llega a la convicción de que la campaña de los conservadores se pagará en negro. Aumenta la crispación.
