La concatenación de escándalos en las policías locales de Palma, Calvià y Llucmajor no solo convierte a la Bahía de Palma en una Sicilia mejorada de neones. Demuestra además que los intereses privados de un número sustancioso de agentes priman sobre los públicos. Confiar en estos pluriempleados armados equivale a salir de Sodoma para caer en Gomorra. Y antes de que los tolerantes nos afeen el magro sueldo de un policía, recordaremos que el vuelco salarial ha golpeado con más dureza a los asalariados no funcionariales.
Compartan nuestro asombro al enterarnos de que la lucha contra la delincuencia alinea a la policía local junto a los criminales, dado el contingente de altos mandos imputados. O que, según los responsables, se recrudece la lucha de bandas policiales. Para aliviarnos el trance, se insinúa que los agentes locales privados solo cobraban a cambio de la pasividad hacia los empresarios de costumbre. A lo sumo, se movilizaban para conminar a quienes pretendían pasarse sin la doble protección, la célebre vista gorda. Sin embargo, nuestra tradicional desconfianza nos obliga a preguntar qué sucedía cuando los generosos patronos pedían un menú más proactivo. Qué diferencia media entre pararle los pies a una denuncia y partirle las piernas a un denunciante. Tal vez la distinción solo era cuestión de precio, a negociar.
No sabíamos que el crimen organizado consistía en imponerle a sus practicantes una jerarquía de oficiales y sargentos. Nos aseguraban que nos hay corrupción, solo políticos corruptos. Si han contaminado a una de las instituciones más valoradas, casi todo está perdido. No estamos entrenados para perseguir a la policía. Antes de que encontrar un agente local honrado sea más difícil que hallar un caníbal vegetariano, vamos a deslizarnos hacia el pragmatismo. Dado que los contribuyentes volvemos a ser los desprotegidos de la lucha de mafias que pagamos varias veces, que se nos permita al menos ir armados. Queremos perder en igualdad de condiciones la guerra del orden público, ahora privado.
