28 de noviembre de 2014
28.11.2014

Hurgar en la herida del problema laboral

27.11.2014 | 22:16
Hurgar en la herida del problema laboral

El colapso existente en los juzgados de lo Social hace que se fijen juicios para marzo de 2017. Los jueces se muestran impotentes y admiten que la situación puede lesionar la tutela efectiva que deben al administrado

Perder el trabajo es un drama personal y el núcleo duro de lo que acaba derivando en amplia problemática individual y colectiva. No hace falta recordar el calvario que han vivido y todavía están padeciendo, a estas alturas, miles de mallorquines y millones de españoles que se han visto abocados al paro en los últimos años y aún se las ven y se las desean para recuperar la actividad laboral plena.

Es una realidad que se palpa a diario a pie de calle, por mucho que el Gobierno insista en que se ha remontado la crisis y que se genera empleo neto. Se ha perdido mucho, demasiado, en tal trayecto porque, por regla general, es un trabajo de menor calidad, peor retribuido y con horario precario o sobreexplotado. Superar la crisis significa también respetar los derechos y dar asistencia a los trabajadores que se han quedado a la intemperie y a los empresarios que se han visto obligados a cerrar sus negocios. La Administración que se conforma con hacer estadísticas y otorgar subsidios, se ocupa sin embargo poco de menesteres más graves y de necesidades más perentorias. Como en tantos otros ámbitos de la vida pública y de las relaciones privadas, la Administración de Justicia ha sido, también esta vez, la que se ha llevado la peor parte de la problemática derivada de la precariedad y la conflictividad laboral actual.

Un solo dato y una fecha, graves en su propio contenido y en la inasumible dilación que representan, sirven para denunciar el escándalo que se vive, sin que nadie con potestad para hacerlo mueva un dedo para mejorar las cosas. Es más, se reconoce la situación pero, ni aún así, se afronta. Nos referimos al hecho inaudito de que los juzgados de lo Social de Palma estén fijando hoy sus juicios para marzo de 2017. Los 28 meses de espera que ello supone, caso de que el demandante o demandado no hayan perecido en el intento, por puro tránsito biológico, dejan en nada el ancestral retraso de la Administración de Justicia. El Gobierno la quiere lenta porque así le complica menos la vida, pero ahora ya debemos empezar a sospechar que la prefiere directamente estática. El monumental atasco de los cuatro juzgados de lo Social de Palma era perfectamente previsible. Pero no se ha dado un solo paso efectivo para paliar su situación.

Todo ha quedado desvirtuado hasta el extremo de causar lesiones al sistema básico de garantías legales. Los propios magistrados que padecen el descomunal colapso advierten que se puede estar vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. El decano señala que por lo menos se necesitarían dos juzgados más de lo Social en Palma y relega a la condición de mero parche el que se haya habilitado un juez de refuerzo o ampliado el horario de los funcionarios. Se viven auténticas situaciones dramáticas que hasta incitan a la huelga de hambre a quienes las viven en carne propia o familiar, pero los jueces también topan con la disyuntiva de que adelantar lo más urgente significa otorgar perjuicio a quienes llevan mayor tiempo de espera y demora.

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